Legal General


Se debe analizar a fondo Contrarreforma Penal


Publicación:24-01-2020
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“Es una aberración jurídica orquestada desde la Fiscalía General de la República para beneficiar solamente a esa dependencia"

A fin de poder dialogar sobre los avances en derecho en México ante la reciente Contrarreforma Penal, el jurista Carlos Verástegui hizo pública su opinión.

El jurista manifestó que se debe de bien analizar cada aspecto que se trató  de llevar a cabo por parte del legislador.

Carlos Verástegui comentó de manera pública el cómo se puede interpretar la mejora en este tipo de legislaciones.

“La presentación de la iniciativa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, o cómo debería llamarse, el Código Inquisitivo de Gertz Manero, se pospuso para el próximo primero de febrero”.

“Es una aberración jurídica orquestada desde la Fiscalía General de la República para beneficiar solamente a esa dependencia en detrimento de los derechos de las imputados y de los defensores que en verdad son buenos, se capacitan e investigan”.

Dijo que es necesario ver su desarrollo.

“Y todo, por la falta de aptitud de algunas autoridades federales de procuración de justicia al no hacer bien su trabajo, con verdadera investigación científica, objetividad y profesionalismo”.

“Sus lineamientos van en contra del principio de progresividad, de presunción de inocencia, de mínima intervención, de independencia judicial, etc, solo por mencionar algunos”.

Además añadió que hay necesidades básica en el derecho:”No podemos quedarnos callados como profesionales del derecho ante tales iniciativas que nos llevan a un retroceso jurídico lamentable”.

“Espero que este tiempo sea de meditación objetiva por parte de los autores intelectuales de dichas propuestas de reforma para que no hagan de México el único país que en vez de avanzar en derechos fundamentales con el Sistema Acusatorio, lo maten de un plumazo”.

Lo que ha trascendido es que  el Senado quedaría facultado para “vigilar la actuación de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal”, se facultaría al Senado para nombrar jueces y magistrados, se eliminaría la inamovilidad de los jueces, se eliminarían los jueces de control del proceso, se establecerían excepciones a la inaceptabilidad de las pruebas obtenidas bajo medios ilegales, como la tortura, y se haría una reforma extraordinariamente regresiva en materia de justicia para adolescentes, entre otras lindezas.

Lo que algunos juristas han catalogado como un retroceso mayor lo representaría la vuelta al arraigo, ahora con carácter constitucional, para darle la vuelta a la inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte, mientras que en el paquete anunciado vendrá, de seguro, un proyecto de Código Penal nacional, único, un paso más en el desmantelamiento del ya de por sí maltrecho y siempre disfuncional federalismo mexicano.
Dicho ello un paquete legal reaccionario por donde se le viera.

Donde se estima sería se trataba de los borradores del Fiscal General de la República.

Además coloquialmente abría  la posibilidad de que los signos ominosos de la contrarreforma anunciada puedan ser discutidos con calma, no solo por los legisladores, sino por la academia, las organizaciones civiles de derechos humanos y por la propia judicatura, que de avanzar lo filtrado se vería debilitada.

Se cree que  en lo avanzado con las reformas al sistema de justicia y de derechos humanos durante las últimas dos décadas se ha enfrentado a la incomprensión de la sociedad, aprovechada por los que creen en la mano dura.

Los derechos humanos son frecuentemente denostados en los propios círculos políticos, pues es un tópico repetido que sirven para proteger delincuentes. Sin embargo, la reforma ha cambiado para bien la justicia en México, a pesar de sus puntos flacos, la mayoría de los cuales radican en los cuerpos del Estado encargados de aplicarlas, sobre todo los poco profesionales cuerpos de seguridad y, de manera destacada, las fiscalías, empezando por la General de la República, heredera de la mayoría de los vicios de la antigua procuraduría, tal como lo señala el informe “¿Un año de justicia y autonomía de la FGR?” elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Legalmente dejan entre ver que lo que pide el fiscal reaccionario es la recuperación de buena parte de la discrecionalidad de las antiguas procuradurías, en detrimento de las exigencias de pulcritud judicial. Es indispensable que la intentona de contrarreforma sea detenida y que, en cambio, avancen cambios que consoliden una justicia auténticamente garantista.



« El Porvenir/ Alberto Medina »
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