Ve la UE más infiltración de la delincuencia organizada

Aun cuando el gobierno ha mostrado voluntad de establecer una cooperación positiva con sus socios internacionales, México continúa enfrentando serios desafíos en la protección de los derechos humanos, afirma la Unión Europea (UE).

En particular, sobre el reto migratorio generado en las fronteras y en el interior del país, la comunidad europea afirma que tiene lugar en el marco de una política incoherente en Estados Unidos.

El informe 2022 sobre derechos humanos y democracia, dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea, destaca en su apartado sobre México la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en los 32 estados y la ampliación de la legalización del aborto a un tercio de ellos.

También hace referencia al inicio de las consultas para reformar la Ley General de Protección a Defensores de Derechos y los Periodistas, así como a la creación de un mecanismo nacional para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en abril de 2022 por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

No obstante, las notas positivas, en México continúan las desapariciones, los homicidios, las extorsiones y los secuestros.

"En 2022, el número registrado de víctimas de desapariciones forzadas superó las 100 mil personas con un alto nivel sostenido de delitos graves, homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones".

Los periodistas siguen perdiendo la vida por el ejercicio de su profesión, al tiempo que los defensores de las garantías individuales ejercen su labor en un contexto hostil.

"El espacio de la sociedad civil mexicana sigue siendo dinámico, aunque a veces se enfrenta a la hostilidad por sus críticas al gobierno (...) Con al menos 11 periodistas asesinados en 2022, México sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para ejercer la profesión. Los defensores de los derechos humanos y los activistas medioambientales sufren ataques y amenazas con regularidad".

Afirma que son varios los factores que contribuyen a este estado. Uno de ellos tiene que ver con el aumento de la presencia de la delincuencia organizada, conviviendo o infiltrándose en las instituciones a nivel municipal y estatal. Otro es la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de aplicación de la ley, elementos esenciales para preservar los altos niveles de impunidad.

"Aunque las investigaciones sobre asesinatos de periodistas dieron lugar a algunos arrestos en 2022 y se observa una aplicación más coherente de la estrategia de identificación de personas desaparecidas, la magnitud del problema de seguridad en todo el país requiere una estrategia más amplia".

El reporte sostiene que la enmienda constitucional que amplía el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública hasta 2028 significa que se retrasará aún más el regreso a un modelo civil de seguridad.

"En tanto que la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo una preocupación en el contexto del informe gubernamental de agosto sobre el caso Ayotzinapa, que reveló la participación de militares en la perpetración de crímenes, algunos de ellos están bajo arresto".

En cuanto a la migración y el desplazamiento interno, señala que "siguen siendo grandes retos en medio de una incoherente política migratoria estadounidense y la prevalencia de causas profundas en Centroamérica, como la pobreza, la inseguridad y los desastres naturales".

Indica que México recibió más de 100 mil solicitudes de asilo el año pasado y, a pesar de mostrar una política de acogida a migrantes, las instituciones en primera línea, como la Comisión para la Atención a Refugiados, dependen de la ayuda internacional.

El documento, que fue divulgado por la unidad de Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior, presenta una visión general sobre el estado de derechos humanos a nivel mundial y pasa lista a las acciones realizadas por la UE para promover la democracia transfronteriza.

Entre las actividades en México, hace referencia a la visita realizada en octubre a Chihuahua por 14 embajadores de los países miembros de la UE. La motivación: el precario entorno para los defensores de los derechos humanos y los periodistas debido a la creciente presencia del crimen organizado y su connivencia con las autoridades locales. Además, la UE emitió el año pasado declaraciones condenando 11 asesinatos de periodistas y defensores.