Secuestran actas electorales en Guatemala

Funcionarios de la fiscalía secuestraron las actas electorales que registraron el avance del candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, en las que resultó ganador, al concluir un nuevo allanamiento a la sede de la máxima autoridad electoral del país.

Las acciones de la fiscalía son el capítulo más reciente de la arremetida al proceso electoral que incluye allanamientos, órdenes de captura, secuestro de documentos y peticiones para retirar la inmunidad a magistrados electorales para investigarlos. Esto ha generado preocupaciones de organismos y gobiernos extranjeros de que se busque socavar el traspaso de poder y la democracia en la nación centroamericana.

Arévalo ha denunciado que la fiscalía general bajo el mando de Consuelo Porras utiliza a un grupo de políticos y funcionarios, que usando su poder, intenta evitar que él tome posesión al cargo en enero próximo. Arévalo, del Movimiento Semilla y que se impuso en el balotaje a la ex primera dama Sandra Torres, ha ofrecido acabar con la corrupción e impunidad, incluso, en la fiscalía.

Minutos tensos se vivieron la mañana del sábado en la sede del ente electoral, cuando decenas de empleados de la fiscalía y policías que les apoyaba empujaban a magistrados electorales que con sus cuerpos intentaron oponerse y evitar infructuosamente que se llevaran las actas.

El Tribunal transmitió en vivo cómo los fiscales y policías empujaban e insultaban a los jueces electorales por su oposición. El magistrado Maynor Franco, de 70 años, se aferró a una de las cajas que contenían las actas, mientras un joven empleado de la fiscalía, lo insultó y le pedía que la soltara para evitar que se lastimase.

Entre lágrimas la magistrada Blanca Alfaro pidió a los fiscales detenerse. Fue en ese momento entre el forcejeó cuando con fuerza fue empujada y cayó al suelo. Alfaro les pedía a los empleados públicos que recapacitaran al señalar que el secuestro de las actas era ilegal.

Las acciones de la fiscalía generaron inmediatamente reacciones de repudio de la población y de la comunidad internacional.