Niegan apelación de Castillo y deberá seguir en prisión

Lima, Perú.- Un juez ordenó el martes que el presidente derrocado de Perú, Pedro Castillo, permaneciera bajo custodia, y denegó su apelación mientras las autoridades preparan un caso de rebelión en su contra.

La decisión del juez de la Corte Suprema César San Martín Castro podría inflamar aún más las violentas protestas en todo el país, donde la gente exige la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesor y la programación inmediata de elecciones generales para elegir un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo por televisión nacional el miércoles de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial “no fue un mero acto de expresión, sino la expresión concreta de una voluntad de alterar el sistema constitucional y la configuración de los poderes públicos”, dijo el juez.

A fines de esta semana, los fiscales planean buscar la detención continua de Castillo por hasta tres años.

Castillo afirmó durante su audiencia el martes que está siendo “detenido injusta y arbitrariamente” y agradeció a sus seguidores por su “esfuerzo y lucha” desde que fue detenido.

El juez dijo que la evidencia sugiere que Castillo fue interceptado cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Fue detenido poco después de que los legisladores lo destituyeran cuando buscaba disolver el Congreso antes de una votación de juicio político.

 “Nunca renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído aquí”, dijo Castillo. Luego, en aparente referencia a las violentas protestas por su derrocamiento, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a “deponer las armas y dejar de matar a este pueblo sediento de justicia”.

Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron este lunes filas a favor de Castillo. En un comunicado conjunto expresaron su “profunda preocupación” por su destitución y detención, dijeron que aún lo consideran el líder legítimo de Perú y pidieron que se respeten sus derechos humanos y se garantice la protección judicial.