En entredicho credibilidad de la clase política en AL

La credibilidad de la clase política de América Latina y el Caribe volvió a quedar en entredicho con el destape de Pandora papers, una caja de viejos secretos sobre el involucramiento de presidentes, ministros y dirigentes partidistas latinoamericanos y caribeños en tramas financieras y jurídicas empresariales en paraísos fiscales, a fin de perder el rastro del dinero, eludir impuestos y ocultar activos. Pandora papers fueron revelados el domingo anterior como parte de un trabajo de análisis de más de 11.9 millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en asociación con unos 600 reporteros y medios de información de los cinco continentes. "La investigación demuestra que para un conjunto de políticos activos y no activos sus actividades son muy rentables y poco transparentes", adujo el historiador y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), ente no gubernamental autónomo. "En un momento en que hay un descrédito grande de los políticos, Pandora papers son un terreno muy bueno para limar la poca credibilidad que todavía pueda tener la clase política [por su] práctica de no tributar en sus propios países", explicó Carrión La papelería descubierta exhibió la participación en las maniobras en refugios fiscales de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Ecuador, Guillermo Lasso, y de República Dominicana, Luis Abinader, y la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez. También involucraron a los ex- presidentes de Panamá: Ernesto Pérez Balladares (1994- 1999), Ricardo Martinelli (2009-14) y Juan Carlos Varela (2014-19); de Colombia: César Gaviria (1990-94) y Andrés Pastrana (1998-2002); de Perú: Pedro Pablo Kuczynski (2016- 18); de Honduras Porfirio Lobo (2010-14), y de Paraguay: Horacio Cartes (2013-18).

LAS PERSONAS SEÑALADAS, COMO MARTINELLI, REFUTARON LOS CARGOS

El gobierno dominicano alegó que Abinader y su familia "utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumplen sus obligaciones tributarias" en República Dominicana. Lasso aseveró que "no ha existido ningún encubrimiento de ninguna naturaleza", y explicó que en 2017, y antes de convertirse en candidato presidencial, se despojó de firmas offshore o extraterritoriales que tuvo en santuarios fiscales de Dakota del Sur, Estados Unidos y Panamá. El gobierno de Chile negó que Piñera tuviera participación en la venta de una compañía minera y respondió que el señalamiento en contra del mandatario en Pandora papers tiene una "motivación política". Piñera finalizará sus cuatro años de gestión en marzo de 2022, por lo que Chile transita en una campaña por los comicios presidenciales, legislativos y regionales del próximo 22 de noviembre. En su primer gobierno, de 2010 a 2014, el gobernante y su familia vendieron una minera a un empresario amigo en 152 millones de dólares, en un pacto efectuado en parte en las islas Vírgenes Británicas, un escondite fiscal del Caribe. "Esta es una nueva y grave información que se suma a un sinnúmero de hechos que involucran a Piñera en situaciones reñidas con la ley", afirmó la chilena Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e Interculturalidad en el Observatorio Ciudadano de Chile. "Este caso es muy grave por la cuantía y porque Piñera aceptó como condición abstenerse de modificar la normativa de protección ambiental. Estamos ante un conflicto de intereses y un hecho de corrupción o de coacción", agregó. El hallazgo periodístico coincidió con una de las peores crisis económicas del siglo XXI de la región, en un proceso agudizado por el coronavirus y que consolidó a la zona como la de mayor desigualdad social del mundo y con una evasión tributaria anual de más de 40 mil millones de dólares, según datos oficiales. En contraste, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) describió que, de México a Argentina y por golpe indirecto del Covid-19, el número de pobres en la zona pasó de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020.