Detiene Argentina a 61 brasileños vinculados a la asonada de Brasil

La justicia argentina ordenó la detención de 61 ciudadanos brasileños que se encuentran en ese país, quienes tienen pedidos de extradición relacionados con el ataque a las tres sedes de los poderes del Estado en Brasil en enero de 2023. 

La orden fue emitida por el juez Daniel Rafecas, a solicitud del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, y se refiere a personas que ya cuentan con "condenas con sentencia firme a penas de prisión efectiva", según confirmaron fuentes judiciales a la AFP.

Este ataque ocurrió una semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.

Los implicados en el asalto, que se oponían a la victoria electoral de Lula, fueron arrestados por la policía brasileña en una serie de operativos que resultaron en cientos de detenciones.

En junio de 2023, Brasil solicitó la colaboración de Argentina para localizar a 140 prófugos condenados por el asalto. 

Desde entonces, la policía argentina ha estado trabajando en conjunto con las autoridades brasileñas para identificar y arrestar a los implicados que se encuentran en territorio argentino.

Las primeras detenciones tuvieron lugar en la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires.  

El proceso de extradición de los detenidos será ahora evaluado por las autoridades judiciales argentinas. 

La sentencia de extradición es apelable ante la Corte Suprema del país, y en última instancia, el Poder Ejecutivo argentino podrá decidir si concede la extradición o concede a los individuos el estatus de refugiado, lo que podría evitar su entrega a Brasil.

Sin embargo, el presidente argentino, Javier Milei, ha adoptado una postura distante del gobierno de Lula, y en el pasado ha favorecido a Bolsonaro, lo que ha generado tensiones dentro del Mercosur. 

Cabe destacar que en octubre, el gobierno de Milei modificó la ley sobre el estatus de refugiado, limitando la concesión de asilo a extranjeros acusados o condenados por delitos en sus países de origen.