Demandan organizaciones a Florida por nueva ley migratoria

Florida, EU.- Una serie de grupos y asociaciones pro derechos civiles de Florida, presentaron este lunes una demanda contra la ley migratoria SB 1718 de Ron de Santis, al considerar calificarla de inconstitucional, xenofóbica y que criminaliza a la comunidad migrante.

La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB 1718 representa "una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado", no solo para los inmigrantes, y es "discriminatoria".

Esta "ley dañina" está diseñada para "infligir crueldad" a la comunidad migrante, es "inconstitucional y socava nuestra democracia", señaló en un comunicado Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para los Inmigrantes de Southern Poverty Law.

La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos sin inspección federal. La querella señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la migración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como "inspección".

El caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general del estado, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.

Las organizaciones denunciantes sostienen además que una serie de secciones de la SB1718 perjudican a los migrantes de Florida y sus familias.

La ley entró en vigor el pasado 1 de julio.

Esta legislación "no es la solución a ningún problema", sino "un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal", denunció, por su parte, Amien Kacou, abogado de ACLU de Florida.