Dará España nacionalidad a todos los “apátridas” de Ortega

El Gobierno de España extendió la oferta de otorgar la nacionalidad española a los 94 ciudadanos nicaragüenses que, en esta semana, fueron declarados “apátridas” por el régimen de Daniel Ortega, entre ellos la defensora de derechos humanos Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; y los periodistas Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo.

La propuesta del Gobierno español se hace extensiva “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones” del Ejecutivo de Ortega.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, le comunicó la decisión de este gesto humanitario a Ramírez, quien a su vez se dirigió por carta al presidente de España, Pedro Sánchez, según confirmó este viernes el Ministerio en un comunicado oficial.

Esta oferta se suma a la realizada el pasado 10 de febrero por el Ejecutivo de Sánchez a las 222 personas expulsadas de Nicaragua y a las que se retiró la nacionalidad nicaragüense.

La semana pasada, el Gobierno español había explicado que “el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas”.

Asimismo, que “es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo” y que el trámite sería “inmediato”.

En ocho días el régimen de Ortega ya acumula 317 nicaragüenses despojados de su nacionalidad. El primer grupo fue el de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, que incluyeron a siete personas que intentaron disputar la presidencia del país a Ortega el pasado año y cinco sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección.

El 10 de febrero, la dictadura despojó de la nacionalidad al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien ese día fue condenado en un juicio exprés a 26 años y cuatro meses de cárcel por supuestos delitos de “conspiración”, “propagación de noticias falsas”, “obstrucción de funciones agravada” y desacato a la autoridad”. El juicio espurio estaba programado para esta semana, pero fue adelantado después que el religioso se negara a aceptar el destierro hacia Estados Unidos.