Internacional Latinoamérica


Convulsiona Centroamérica


Publicación:06-01-2020
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Otro de los retos será asumir las nuevas estrategias para crear las condiciones para abatir las altas tasas de migración poblacional

Centroamérica vivió 2019 entre crisis migratorias, elecciones presidenciales que influirán en los giros políticos de la región y un replanteamiento en su rela-ción con Estados Unidos, que en los úl-timos días del año pasado volvió su mirada a la subregión y presentó su nuevo plan de desarrollo, “América Crece”, para impulsarlo este 2020.

Los principales retos que enfrentan este año que inician los nuevos gobiernos con presidentes independientes de los partidos políticos tradicionales, como el caso de El Salvador, serán el combate a la corrupción, a la pobreza y la apertura de su diplomacia internacio-nal.

Otro de los retos será asumir las nuevas estrategias para crear las condiciones para abatir las altas tasas de migración poblacional, principalmente hacia los países del norte de América. En este punto, la seguridad es un rubro fundamental.

En materia de seguridad, el denominado Triángulo Norte de Centroaméri-ca (Guatemala, El Salvador y Hondu-ras) cerró 2019 con altas tasas de homicidios, casi 26 asesinados por cada 100 mil habitantes, según el Estudio Mun-dial sobre el Homicidio 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En el rubro económico, pese a que los países de la subregión lograrán ta-sas aceptables de crecimiento en 2019 y 2020, excepto Nicaragua, que registrará cifras negativas, -5,0 por ciento el primero y 1,1 éste, las perspectivas no son tan halagadoras en el combate a la pobreza y el desempleo.

Costa Rica creció 3.0 por ciento y este que inicia se estima que 3.1; El Salvador 2.5 y 2.6; en tanto Guatemala registró 3.3 y se prevé 2.7 para 2020; Honduras creció 3.6 y se calcula 3.8 por ciento para el 2020, que apenas abre sus cortinas.

Panamá, una economía de servicios financieros, es el mejor calificado con 5.0 y 5.4 por ciento, de los mayores crecimientos en América Latina, según datos del Banco Mundial.

El caso de Nicaragua ha estado en la palestra internacional debido a la ac-tuación de su gobierno, caracterizado por su autoritarismo sobre los sectores sociales que demandan la democratización del país, nuevas elecciones y el cambio de régimen, que actualmente preside el exguerrillero Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Organismos internacionales han presentado informes y manifestado su preocupación sobre la represión y la violación a los derechos humanos que cometen la policía, paramilitares y grupos afines al gobierno en contra de los sectores de oposición.

En días pasados el Parlamento Euro-peo emitió una resolución, aprobada con 560 votos a favor, 12 en contra y 63 abstenciones, en donde se demanda al gobierno de Ortega que cese la represión y retome el diálogo político, desmantele a los paramilitares y libere a todos los presos políticos.

Los eurodiputados consideraron que debe activarse la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, y suspender a Nicaragua del acuerdo, debido a que el régimen de Ortega irrespeta los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

El Parlamento Europeo analizó la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, la cual, según el Alto Re-presentante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Segu-ridad, Josep Borrel, ha generado preocupación entre organismos internacionales.

El representante de la UE destacó que el organismo respeta las decisiones de la ciudadanía en cuanto a la elección de sus gobernantes. Sin embargo, declaró que los gobiernos en turno también deberían proteger los derechos y libertades de la población.

Durante el debate sobre la futura relación de la UE con Nicaragua, el parlamento coincidió en que los intentos por llegar a un acuerdo con Daniel Ortega han fracasado, principalmente en cuanto a la liberación de presos po-líticos y el restablecimiento de libertades políticas.

La crisis política y social estalló el 18 de abril de 2018 luego de que el gobierno pretendió aumentar las cuotas del seguro social. Desde esa fecha se contabilizan al menos la muerte de casi 400 personas, la mayoría estudiantes y trabajadores, más de mil detenidos, centenares de heridos y decenas de desaparecidos, además de que al menos 60 mil nicaragüenses emigraron, principalmente hacia Costa Rica.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han conminado al gobierno nicaragüense a revisar sus políticas de respeto a los derechos humanos y han hecho varias recomendaciones. Sin embargo, el gobierno de Ortega-Murillo las ha rechazado.

 



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