Condenan la ONU y OEA a Daniel Ortega

Encubiertos en las sombras y en el silencio de la madrugada, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asestaron este viernes el más fuerte golpe a la jerarquía católica nicaragüense en 52 meses de conmoción política interna y ejecutaron por sorpresa un asalto policial a una curia episcopal para detener a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y figura emblemática de la aguda crisis de ese país.

El arresto de Álvarez, severo y permanente crítico del régimen, provocó el repudio mundial y agravó el profundo conflicto nicaragüense. El prelado quedó recluido desde este viernes en su casa en Managua, en lo que la pareja gobernante definió como "resguardo domiciliar".

El caso ahondó la represión política en Nicaragua a partir de que, el 18 de abril de 2018, se detonó una masiva y popular protesta antigubernamental sin precedentes en reclamo de democracia y libertad, luego de que Ortega retornó en 2007 a la presidencia tras gobernar de 1979 a 1990. Ortega se reeligió tres veces consecutivas para gobernar al menos hasta 2027 como un bastión anti-Washington del eje izquierdista de Cuba y Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este viernes que su secretario general, el portugués António Guterres, está "muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica".

Informes de la "redada" sobre el obispo "sólo subrayan estas preocupaciones", agregó.

"Condenamos el secuestro" de Álvarez y otros sacerdotes y laicos este viernes en la curia por parte de "las fuerzas represivas del régimen Ortega-Murillo", por lo que "exigimos su inmediata libertad y las de todos los presos políticos", aseguró por su lado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.

La abogada nicaragüense Vilma Núñez, presidenta del (no estatal e ilegalizado) Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), condenó "enérgicamente el asalto" a una curia y "el secuestro criminal" de Álvarez y demás sacerdotes y laicos. "Exigimos les respeten la integridad personal y la vida", tuiteó.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua advirtió que la condición física de Álvarez "está desmejorada", pero que "su ánimo y su espíritu están fuertes" ante una "difícil situación".

Prolongado acoso

Sometido junto a 10 sacerdotes y laicos desde el 4 de este mes por Ortega y Murillo a arresto domiciliario en la Curia Episcopal de Matagalpa, capital del norcentral departamento (estado) de Matagalpa, Álvarez y su grupo fueron sacados de ese sitio ayer de madrugada por policías y trasladados a Managua, a unos 131 kilómetros al sur. Del grupo inicial, dos laicos salieron el lunes o martes y, de los ocho restantes, siete fueron detenidos este viernes, aparte de Álvarez.

El gobierno acusa al obispo de "organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad" para "desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

El acoso al obispo se recrudeció el 1 de agosto anterior, cuando el gobierno clausuró 10 radioemisoras católicas de Matagalpa, al aducir que perdieron las licencias, en una medida que desató protestas en esa ciudad que fueron violentamente sofocadas por la policía.

El pleito del régimen con un sector de la cúpula católica, a la que acusó de atizar las protestas de 2018, llegó en 2022 a un panorama sin precedentes. La pareja expulsó en marzo de este año al arzobispo polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico (embajador de la Santa Sede) en Nicaragua desde 2018, por pedir liberar a los 180 presos políticos nicaragüenses.

El gobierno clausuró en junio anterior la Orden de las Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta, al denunciar que violó una ley de "lavado" de activos y de financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al justificar el operativo de este viernes, el gobierno alegó en un parte policial que la acción recuperó "la normalidad" ciudadana y familiar de Matagalpa, en referencia indirecta a la actitud de Álvarez que hace dos semanas describió como odio y desorden. Aseguró que "durante varios días se esperó con mucha paciencia... una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó".