Condenan deriva represiva del régimen de Ortega

BRUSELAS, Bélgica,.- Mientras el Estado mexicano defiende al Gobierno nicaragüense por no ser bienvenido en la Cumbre de las Américas, en Europa los eurodiputados exigieron un alto a la persecución que enfrenta la oposición, la prensa y la sociedad civil en la nación centroamericana.
El reclamo fue emitido desde el hemiciclo de Estrasburgo, donde fue adoptada la quinta resolución de la actual legislatura por abusos cometidos por el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
El texto fue aprobado con 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones, y hace énfasis en la instrumentalización de la justicia como forma de represión.
Introducido en la agenda legislativa como tema de urgencia en materia de derechos humanos, la resolución RC-B9-0293/2022 pide concretamente que la Corte Penal Internacional abra una investigación por crímenes contra la humanidad, ante la gravedad de la situación en materia judicial.
"Pide a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad".
Además reclama ampliar el catálogo de sanciones de la Unión Europea contra Nicaragua, activado desde 2019 y que incluye medidas restrictivas específicas, incluyendo prohibiciones de viaje y congelamiento de activos contra personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos.
El Parlamento Europeo quiere ver en la lista negra de la UE a 14 jueces que han participado en la represión y que son señalados como autores de los procedimientos judiciales emprendidos contra críticos y opositores.
Entre ellos se encuentra la juez Nadia Camila Tardencilla, Ángel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza y Verónica Fiallos Moncada.
Promovida por el Partido Popular Europeo, el grupo liberal de Renovar Europa y el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, la resolución condena en los términos más enérgicos la represión sistemática de los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y periodistas.
Igualmente condena la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos, víctimas de veredictos de culpabilidad y sentencias draconianas.
"Insta a las autoridades nicaragüenses a que restablezcan las garantías para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses, pongan fin a la persecución de la oposición democrática, la prensa y la sociedad civil".
Al mismo tiempo, la Eurocámara reclama la liberalización inmediata e incondicional de los detenidos políticos desde abril de 2018, anulando los procedimientos judiciales contra ellos y permitiendo el retorno seguro de todos los refugiados y exiliados.
En concreto, los eurodiputados piden la libertad del sacerdote Manuel Salvador García, religioso detenido en medio de la creciente tensión entre la Iglesia y el régimen de Ortega. El jefe de Estado nicaragüense ha llamado "terroristas" a los obispos que han participado como mediadores en el diálogo nacional dirigido a sacar al país de la crisis que enfrenta. El padre fue detenido supuestamente por agredir a una mujer.
"Condena las sentencias judiciales ilegítimas que no hacen sino confirmar la deriva represiva del régimen nicaragüense y que los jueces se han convertido en un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos".
Los eurodiputados exhortan el establecimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia e imparcialidad del poder judicial.
Por último giran instrucciones para que la Delegación de la UE y las Embajadas de los Estados miembros en el país, brinden apoyo a los defensores de derechos humanos detenidos, incluyendo visitas a prisiones y seguimiento de los juicios.
La resolución señala que abril de 2018, el régimen de Ortega ha establecido un marco de represión caracterizado por la impunidad sistémica de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de las instituciones y la aplicación de una estrategia cuyo objetivo es silenciar las voces disidentes. Tan solo en lo que va del presente año, ha privado de estatuto jurídico a casi 400 ONG.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no participar en la Cumbre de las Américas, que inició el miércoles en Los Ángeles, por la polémica que generó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la ministerial.