Condenan asesinato de presos en Perú

Washington, EU.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato de nueve personas privadas de la libertad en el penal Miguel Castro Castro de Canto Grande, Perú, por uso de arma de fuego por parte de agentes del Estado.

Los hechos violentos, ocurridos el 27 de abril, también ocasionaron heridas en dos personas detenidas, cinco policías y 60 trabajadores carcelarios, advirtió el organismo defensor, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Este motín fue por protestas que exigían atención médica ante la pandemia del COVID-19 y por el retiro del cadáver de una persona que habría fallecido con síntomas del virus”, alertó la CIDH.

“En este contexto, la CIDH recuerda al Estado de Perú que sólo puede recurrirse al uso de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y resulten ineficaces medidas menos extremas”.

Presos políticos, vulnerables ante COVID-19

En tanto, el Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) del Perú se solidarizó hoy con las demandas de los familiares de las personas presas y lamentó la muerte del prisionero político Natividad Bernardo Villar y de otros internos comunes, vinculada a las condiciones de insalubridad.

“Muertes que se pudieron evitar si se tomaban medidas realmente buscando preservar la vida”, repudió el Movadef.

La situación de riesgo en la cárcel Miguel Castro Castro por la pandemia de coronavirus se agrava aún más para los prisioneros políticos, pues son población vulnerable de la tercera edad, advirtió el Movimiento.

“Responsabilizamos al presidente de la república, Martín Vizcarra, al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y al jefe del INPE (Instituto Nacional Penitenciario del Perú), Jerson Villar, de la muerte del prisionero político Bernardo Villar y de lo que le suceda a los demás prisioneros que presentan síntomas de estar infectados”, declaró.

La organización acusó que, pese a presentar síntomas, estos presos no reciben atención médica ni las autoridades penitenciarias permiten que sus familiares los asistan con medicamento.

“Lo cual hace presumir que el objetivo del Estado es la muerte de los prisioneros políticos en la cárcel, pretensión que rechazamos y denunciamos”, sostuvo Movadef.