Condena Ortega a familia de opositor

Managua, Nicaragua.- Acusados de conspirar para cometer menoscabo contra el país y su gobierno, Nicaragua sentenció a ocho y 10 años de cárcel a tres familiares del opositor exiliado Javier Álvarez.

Se trata de la primera condena dictada en el país contra parientes de un perseguido político.

Álvarez, un economista de 69 años crítico del gobierno de Daniel Ortega, dijo que su esposa Jeannine Horvilleur, de 63 años, y la hija de ambos, Ana Carolina Àlvarez Horvilleur, de 43, fueron condenadas a 8 años de prisión, mientras que su yerno Félix Roiz recibió una pena de 10 años de cárcel.

Esta es la primera sentencia de culpabilidad contra familiares de un perseguido político, una estrategia que, según defensores de los derechos humanos, comenzó a ser aplicada por el gobierno de Daniel Ortega el día que arrestaron a la familia de Álvarez.

Los tres fueron detenidos el pasado 13 de septiembre en Managua, cuando la policía se presentó en la vivienda de la familia para capturar a Javier Álvarez, un opositor de bajo perfil, quien ya había escapado a Costa Rica.

Las dos mujeres tienen doble nacionalidad francesa y nicaragüense, pero esa condición no se debe a que revierta el proceso penal en su contra.

Álvarez dijo que el juez Félix Salmerón admitió las penas solicitadas por la Fiscalía, pese a que sus familiares “no estaban involucrados en ninguna actividad política”.

Según allegados a la familia Álvarez, la embajada francesa en Managua intentó sin éxito gestionar la liberación de las dos ciudadanas franco-nicaragüenses desde el día de su detención.

Javier Álvarez reiteró que sus familiares “son inocentes” y que fueron arrestados y condenados “para vengarse de mí” al no poder detenerlo.

Los tres están presos en la cárcel policial de El Chipote, donde desaparecerán decenas de líderes opositores arrestados desde mayo de 2021, como parte de los más de 230 “presos políticos” informados por la oposición.

El gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos, y al parecer ya no se conforma con demasiados al exilio, sino que ahora acusa a sus familiares por la vía penal.

El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) ha calificado estos casos como “un nuevo patrón de secuestro extorsivo” utilizado por el gobierno, ya que “toman como rehenes” a sus parientes para forzar la captura o rendición de los opositores exiliados.