Buscan retirar inmunidad a Arévalo en Guatemala

Guatemala, Guatemala.- La Fiscalía de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despojar de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y a su vicepresidenta, Karin Herrera.

El anuncio tiene lugar un día después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por Arévalo para dejar sin efecto varias actuaciones de la Fiscalía que, según el mandatario electo, buscan evitar que asuma el poder el 14 enero.

La decisión sobre la inmunidad queda en manos de los nuevos miembros de la Corte Suprema, elegidos sorpresivamente el miércoles por el Congreso.

Tanto la OEA, como Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron el pedido de la Fiscalía y Washington, incluso, amenazó con imponer más sanciones .

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció este jueves un "asalto contra la democracia" en el país centroamericano, tras el anuncio de la Fiscalía de que pedirá a la Corte Suprema de Justicia despojarle la inmunidad a menos de dos meses del día en el que debe asumir el poder.

"Las medidas espurias del Ministerio Público evidencian que el asalto contra la democracia y el Estado de Derecho continúa", aseguró Arévalo ante la decisión de la Fiscalía de llevarlo a juicio por la ocupación de la Universidad de San Carlos en 2022.

"Lo que estamos viendo es que la capacidad de ellos para fabricar casos no tiene límite", indicó el presidente electo rodeado de seguidores afuera de la sede de los tribunales. Arévalo habló al lado de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, quien también enfrenta el pedido de perder la inmunidad por el caso de la ocupación de la universidad.

El fiscal Saúl Sánchez dijo en rueda de prensa que "el Ministerio Público presentará los antejuicios contra" Arévalo y Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal.

En concreto, acusó a Arévalo y a su vicepresidenta de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores. Según el fiscal, el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.