Apresan a otro juez en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.-Un tercer juez fue detenido en Bolivia por liberar a sentenciados supuestamente a cambio de dinero en el mayor escándalo judicial del país y en medio de la visita del relator especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados.

El detenido juez de Ejecución Penal -cuyo nombre no fue divulgado- podría ser destituido en las siguientes horas y enviado a la cárcel con prisión preventiva. La Fiscalía indicó que está desarticulando una “red delictiva” de jueces, médicos y abogados que liberaban a condenados mientras la policía inició una campaña para recapturar a los liberados.

“Continúan las investigaciones para determinar cuántas personas más habrían obtenido libertad pese a estar condenadas a 30 años (pena máxima) sin derecho a indulto”, declaró a la prensa el fiscal Gustavo Balderrama.

El escándalo estalló dos semanas atrás cuando la policía capturó a un asesino y violador en serie condenado a 30 años quien, tras lograr su libertad por el favor de un juez, asesinó y enterró en su casa a dos mujeres. El juez Rafael Alcón fue destituido, encarcelado y afronta cargos por prevaricato e incumplimiento de deberes.

Más de 100 jueces están siendo investigados, dijo antes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

En tanto, el Relator Especial de la ONU Diego García Sayán escuchaba el miércoles en el segundo día de su visita al país las quejas de distintos sectores. El jurista llegó invitado por el gobierno para “abordar cuestiones relacionadas con la estructura, independencia y funcionamiento imparcial del Poder Judicial y la Fiscalía”, según un comunicado de Naciones Unidas.

García Sayán tiene previsto entrevistarse con la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) en huelga de hambre en su celda en una cárcel de La Paz desde hace siete días para denunciar “persecución política” y reclamar un juicio como expresidenta ante la Asamblea Nacional en lugar del proceso penal ordinario por supuesto golpe de Estado tras las fallidas elecciones de 2019 que la OEA denunció como fraudulentas.

El estallido social que siguió a los comicios dejó 38 muertos y forzó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, actual líder del partido gobernante.

Más de medio centenar de opositores -incluidos militares- están presos y afrontan juicios. El gobierno ha rechazado una “persecución judicial” y dijo que busca justicia para las víctimas.