Apagones muestran importancia de iniciativa privada

CIUDAD DE MÉXICO.- Apagones como el ocurrido el 28 de diciembre, que dejó sin electricidad a más de 10 millones de mexicanos, o el de esta semana, son consecuencia de la falta de inversión en el Sistema Eléctrico Nacional, en el que la participación de la iniciativa privada juega un papel determinante. Sin embargo, el gobierno federal ha tomado acciones en el sector que han creado incertidumbre en los inversionistas sobre la promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de no cambiar las reglas del juego. Así lo reconoció en junio pasado Christopher Landau, entonces embajador de Estados Unidos en México.
El lunes, un nuevo apagón afectó a los estados del norte del país. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo atribuyó a los problemas de suministro de gas natural desde EU, afectado por una tormenta invernal que ha dejado sin luz a millones de personas. Pero evidencia, de nueva cuenta, la importancia de las inversiones de parte de la iniciativa privada.
El país necesita de inversiones por cerca de 100 mil millones de dólares en el sector eléctrico en los siguientes años con el fin de cumplir las crecientes necesidades de consumo del país, principalmente en actividades de generación, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) para el periodo de 2019 a 2033, emitido por la Secretaría de Energía (Sener) en junio de 2019 y el más reciente disponible. Aun así, en enero de 2019 el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) canceló la cuarta subasta de largo plazo destinada a la adquisición de energía para la CFE, que involucraba una inversión mínima de mil 600 millones de dólares en nuevas centrales, principalmente renovables. Varias empresas tenían interés en participar, como la española Iberdrola y la regia Menkent, operadora de Cemex.
Fue la primera de una serie de acciones que no fueron bien recibidas por el sector privado para apostar su capital en la extensión y fortalecimiento de la red eléctrica nacional. Luego llegaron los cambios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs), el aumento de entre 400% y 800% en las tarifas de transmisión que pagan negocios privados a la CFE, y la política de confiabilidad de la Sener que, entre otras cosas, limita la emisión de permisos a plantas eólicas o solares y privilegia los proyectos de la empresa que dirige Manuel Bartlett.
Por desacuerdos con la CFE, Iberdrola canceló una central eléctrica que consideraba una inversión de mil 200 millones de dólares en Tuxpan, dijo en junio Juan Antonio Aguilar Mancha, alcalde del municipio. En octubre, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que descarta iniciar nuevos proyectos en México hasta que el gobierno "aclare sus políticas. Si dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros, no lo haremos; si quiere lo contrario, entonces estableceremos un marco razonable". Ello, luego de que en mayo de 2019 Sánchez dijera que la compañía planeaba invertir hasta 5 mil millones de dólares en el actual sexenio.
IEnova también tuvo que ajustar sus planes de inversión en el país. En julio pasado, la filial de la estadounidense Sempra Energy anunció que reduciría de 850 millones de dólares a 650 millones su gasto para 2020, pues movería esos 200 millones a 2021, debido a la crisis sanitaria y la falta de permisos y acciones legales frente a la nueva política del gobierno. Hay más compañías que ven buenas oportunidades para su capital en el sector, particularmente en las energías renovables, como la italiana Enel y la francesa Engie. Esto a pesar de que, en abril, el Cenace publicó un acuerdo que limita la entrada de plantas privadas de renovables, a fin de preservar la estabilidad del sistema eléctrico de la pandemia. En mayo, la Sener publicó una política para desincentivar el despacho de energía renovable porque son "intermitentes". A inicios de 2021, la CFE pidió "sacar de operación" a una parte de las generadoras privadas de este tipo de energías, al considerarlas culpables del reciente apagón.
Lo que quedó de manifiesto el 28 de diciembre fue la precariedad de la red de transmisión de electricidad en el país. Por lo mientras, la iniciativa privada sigue expectante en cuanto a si el gobierno va a continuar, o no, con la organización de subastas de energía.