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Anula Ortega título a 26 abogados críticos
Publicación:13-05-2023
TEMA: #Nicaragua
En la lista destaca la abogada Núñez, de 84 años y fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Managua, Nicaragua.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anuló de manera "definitiva" los títulos de 26 abogados críticos al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos las juristas Vilma Núñez y Yonarqui Martínez, que han defendido a opositores presos y que aún siguen laborando en el país.
Según una resolución de la CSJ, 25 de los juristas afectados habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense hace tres meses, y de ellos 15 fueron presos y fueron expulsados del país, como parte de un grupo de 222 opositores deportados a Estados Unidos el 9 de febrero.
Los restantes son parte de casi un centenar de opositores exiliados que también en febrero fueron declarados "apátridas" por el gobierno sandinista y expropiados de todos sus bienes en Nicaragua. A los 26 juristas se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus protocolos y sellos que los acreditaban para trabajar.
En la lista destaca la abogada Núñez, de 84 años y fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a quien Ortega le despojó de su nacionalidad, le congeló sus cuentas bancarias y le canceló su pensión de vejez.
El CENIDH se ha caracterizado por su defensa de los "presos políticos" tras las protestas sociales de 2018 en el país.
Martínez, también abogada de decenas de opositores que fueron detenidos, protestó el viernes por la medida en su cuenta de Twitter: "Años de estudio y experiencia profesional no se borraron con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DDHH", escribió tras calificar la resolución judicial como "un acto de cobardía al no poder llamar una voz" defensora de los derechos humanos.
La lista de los 26 abogados "ilegalizados" incluye al reconocido escritor Sergio Ramírez, exiliado en España.
De acuerdo con la CSJ, estas personas "no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público", debido a que "perdieron el derecho de ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense".
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