Demanda EU a Texas por detención de migrantes

Washington, DC.- El gobierno de Joe Biden demandó al de Texas con el objetivo de impedir que los policías estatales detengan vehículos con migrantes, con el argumento de que éstos podrían propagar el covid-19, y advirtió que la práctica podría exacerbar los problemas en medio del alto número de cruces en la frontera con México. El Departamento de Justicia federal solicitó el bloqueo inmediato de una orden que el gobernador Greg Abbott emitió el miércoles que permite al Departamento de Seguridad Pública de Texas “detener cualquier vehículo bajo sospecha razonable” de que transporta a migrantes. Según la medida, los policías pueden enviar los vehículos de vuelta a su punto de origen o llevarlos a un depósito. La demanda, presentada el viernes ante una corte federal en El Paso, fronteriza con México, refleja una carta que el secretario de Justicia, Merrick Garland, envió al gobernador un día antes, en la que afirma que el estado estaba usurpando e incluso interfiriendo en la responsabilidad del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración. El republicano Abbott, que buscará la reelección el año entrante, escribió el viernes a Garland, señalándole que el gobierno federal interfería con sus obligaciones de proteger a los residentes de Texas. Está claro a partir de los argumentos en su carta que el estado de Texas y el gobierno federal enfrentan una crisis constitucional”, escribió Abbott. La demanda recrudece las tensiones entre el gobierno de Biden y el de Abbott por las acciones del gobernador en la frontera, que han incluido encarcelar a migrantes por delitos estatales y construir nuevas barreras. Durante meses, el gobernador texano ha copiado la postura severa del expresidente Donald Trump en el tema de la inmigración. Grupos de derechos civiles y defensores de la inmigración han dicho que la decisión de Abbott de que los policías estatales detengan vehículos podría derivar en catalogación racial y restringir la capacidad de los albergues para recibir a familias recién llegadas. Las declaraciones que acompañan a la demanda ofrecían nueva evidencia de que grandes números de migrantes están llegando a la frontera con México, y altos funcionarios han dicho que la orden del gobernador podría obstruir de manera importante el transporte y otras operaciones fe-derales. El sector Rio Grande Valley de la Patrulla Fronteriza, el principal corredor para las personas que cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos, tenía más de 8 mil 300 migrantes detenidos el miércoles, con un tiempo promedio de procesamiento de 57 horas, dijo Brian Hastings, jefe del sector. El sector ha dejado en libertad a más de 100 mil migrantes desde el 1 de octubre, incluidos 9 mil la semana pasada. Según el Departamento de Seguridad Nacional, 646 niños que viajaban solos se encontraban el jueves en custodia después de que cruzaran la frontera con México, en comparación con el promedio diario de 480 en los últimos 30 días. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retomó ayer de forma oficial las remociones rápidas al enviar vía aérea a indocumentados deportados a sus países de origen en Centroamérica, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La agencia federal confirmó en un comunicado que “reanudó los vuelos de expulsión acelerada para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur”, las cuales fueron enviadas a Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de dos vuelos operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que despegaron desde Brownsville, en Texas, con 73 personas a bordo. “El proceso de expulsión acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de inmigración seguro y ordenado”, señaló DHS. Estas expulsiones se dan luego de que el lunes la administración de Biden diera a conocer que retomaría las remociones rápidas en vista del incremento este mes en la llegada de familias indocumentadas, en su mayoría centroamericanas, al Valle Río Grande, en la frontera sur de Texas con México. De acuerdo con el diario The Washington Post, la cifra prevista inicialmente era de 147 adultos y menores de edad, pero muchos de ellos debieron ser apartados de las salas de espera de forma inmediata tras dar positivo a pruebas de covid19 o haber estado expuestos a una persona infectada.