Segmentar facultades del IFT generará ineficiencias en el sector

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El Senado aprobó ayer jueves el decreto mediante el cual se determina la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Para regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el decreto establece un modelo con un órgano en materia de competencia económica sin autonomía constitucional, así como un diseño en el que las facultades del IFT estarían divididas entre distintas instancias gubernamentales.
La entidad, que tiene de comisionado presidente a Javier Juárez Mojica, publicó este viernes su posicionamiento al respecto, en el que advirtió que segmentar las facultades regulatorias puede generar inconsistencias, ineficiencias y una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica y regulación en el sector.
Desde su perspectiva, algunos aspectos de esta reforma pueden provocar incertidumbre y limitar la adecuada aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que deberían ser analizados en la legislación secundaria que habrá de emitirse, como la imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas.
Para el IFT, es primordial mantener el capital humano especializado, así como considerar la compleja relación entre regulación sectorial y competencia económica.
Destacó que la evidencia demuestra que el mejor diseño institucional para la regulación de estos sectores ha sido la autonomía constitucional.
"Hoy más mexicanas y mexicanos cuentan con mejores servicios y a menor precio, en un ambiente de competencia que no se hubiera logrado sin un regulador autónomo. Basta decir que hasta antes de la creación del IFT no había sido posible establecer regulación asimétrica a agentes dominantes en el sector", sostuvo la institución a través de un comunicado.
A lo largo de los 11 años de existencia del IFT, aseguró, se lograron ahorros para los consumidores de servicios de telecomunicaciones por encima de los 805 mil millones de pesos, así como una disminución en los precios de servicios de comunicaciones superior a 33%, afirmó el propio organismo.