Reforma al agua en México enfrenta reto financiero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La recién reforma en materia de uso de agua aprobada en México enfrenta el desafío de garantizar el acceso al recurso como derecho humano sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los gobiernos locales, advirtió BBVA Research.
En el documento titulado "El nuevo cauce del agua en México: un análisis de las reformas en materia hídrica", el área de estudios económicos del banco señaló que el nuevo marco legal fortalece el consumo doméstico y reconoce de manera explícita el derecho humano al agua, en un contexto marcado por sequías recurrentes en distintas regiones del país.
Entre los principales cambios, la nueva Ley General de Aguas establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable por falta de pago, sino que deberán garantizar al menos una cantidad mínima para consumo humano básico. Para BBVA, si bien esta medida tiene un enfoque social, también puede generar presiones presupuestarias.
De acuerdo con el análisis, el cobro por derechos de suministro de agua representa en promedio 23% de los ingresos de los gobiernos estatales y municipales. En este contexto, limitar la posibilidad de cortar el servicio podría reducir incentivos de pago y afectar la recaudación, especialmente en entidades con baja eficiencia en el cobro.
El reporte señala que existe una amplia heterogeneidad en la capacidad recaudatoria de los organismos operadores. Mientras algunas entidades logran niveles elevados de recuperación de ingresos, en otras el porcentaje de agua facturada que efectivamente se cobra es considerablemente menor, lo que ya representa un reto financiero.
BBVA también advirtió que la aplicación generalizada de la prohibición de cortes, sin distinguir entre estratos socioeconómicos, puede generar efectos regresivos. El documento indica que los hogares de mayores ingresos presentan, en promedio, mayor acceso continuo al servicio, por lo que una medida uniforme podría beneficiar en igual proporción a segmentos con distinta capacidad de pago.
En este sentido, el análisis sugiere que las políticas públicas deberían focalizarse en los hogares de menores ingresos y acompañarse de una política tarifaria adecuada, en la que los precios reflejen el costo real de llevar el agua a los usuarios. Asimismo, considera necesario que los subsidios sean explícitos y transparentes.
En cuanto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, BBVA destaca la centralización en la gestión de concesiones bajo la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La nueva normativa elimina la posibilidad de vender o transferir directamente concesiones entre particulares y establece un esquema de reasignaciones controlado por la autoridad federal.
El banco señala que una mayor vigilancia y control estatal podría fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias como sequías, permitiendo redirigir volúmenes hacia regiones o usos prioritarios. No obstante, también advierte que el aumento en la carga regulatoria y la reducción en la transferibilidad de concesiones pueden generar preocupaciones en sectores productivos por la certidumbre jurídica y la planeación de inversiones.
Además, la reforma contempla la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y el endurecimiento del régimen de sanciones por uso indebido del recurso, así como la sustitución del Registro Público de Derechos de Agua por un Registro Nacional del Agua con mayores alcances administrativos.
Para BBVA, el reto central del nuevo marco legal será equilibrar tres objetivos: asegurar el acceso al agua como derecho humano, mantener la viabilidad financiera de los operadores locales y fortalecer la resiliencia hídrica del país frente a escenarios de escasez.
El documento explica que la implementación de las reformas será determinante para alcanzar ese balance, evitando que la carga financiera recaiga de manera desproporcionada en estados y municipios o que se generen distorsiones que afecten el uso eficiente del recurso.