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Hay que analizar impacto de paquete contra inflación: Cofece
Publicación:10-10-2022
Consideró que es válida la preocupación del gobierno por el incremento de precios.
CIUDAD DE MÉXICO.- Es necesario un análisis a profundidad de las políticas "estrechas" contra la inflación para medir si hay o no algún impacto en la competencia económica y sobre los tratados comerciales, consideró el comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece
), José Eduardo Mendoza Contreras.
Durante la videoconferencia "Competencia económica: bienestar para las familias", el comisionado de competencia afirmó que también debe evaluarse si la decisión gubernamental contra la inflación de entregar permisos a unas empresas puede causar problemas de salud animal, vegetal o humana.
Consideró que es válida la preocupación del gobierno por el incremento de precios, así como el uso de diversos mecanismos para tratar de frenar las alzas. Sin embargo, dijo que desde 1992 ya se tiene una ley de competencia y una economía abierta, contrario a lo que existió en los ochentas.
"Ahora tenemos ley de competencia y se tiene una economía abierta, habría que ver hasta dónde este tipo de políticas son muy específicas pudieran tener un efecto generalizado, para bien o para mal, en términos de competencia y ahí es donde se requiere un análisis probablemente más profundo", expuso.
Mendoza Contreras afirmó que las regulaciones están armonizadas con los socios comerciales por lo que al dejarlas importar de países con los que no hay tratado comercial puede haber problemas con los países con los que sí hay tratados, aunque también pueden autorregularse las mismas empresas.
"Si dicen, te voy a quitar determinadas regulaciones fitosanitarias y traigo [como empresa] de otro lado [el producto], podría causar un problema para el comercio entre los países integrantes de un acuerdo, creo, no sé hasta dónde, las mismas empresas pudieran enrolarse en un tipo de actividad de esta forma, si estas empresas comercian con el exterior, entonces la aplicabilidad pudiera ser reducida por la propia autorregulación para no traer productos que pudieran dañar su propio comercio", expuso.
Agregó que "ahora que van a entrar productos del extranjero, en una política muy, digamos, estrecha, y no para todo, tendríamos que pensar si los permisos o no, tienen un problema digamos de contaminación, o de problemas de salud animal, vegetal o salud humana. Todas esas cosas lo deseable sería poder evaluarlas".
Por su parte, la exsubsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío Ruíz, expuso que los mecanismos gubernamentales para frenar la inflación "absolutamente sí violan los tratados, cuando estás poniendo cuestiones diferenciales o requisitos diferenciales al producto que se produce en México, respecto al producto que se importa".
Agregó que "es lo más penado en el tratado, de que no le des trato nacional, se tiene que dar el mismo trato a los productos que se importan por ejemplo de Estados Unidos o Canadá, respecto de los productos que se producen en México".
Ruíz afirmó que este tema de dar beneficios a las 15 empresas que participan en el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) significa dar trato diferente a las empresas, "pero en general, los tratados sí te prohíben que le des un trato discriminatorio a los socios cuando están dando un beneficio a los nacionales".
Durante la videoconferencia "Competencia económica: bienestar para las familias", el comisionado de competencia afirmó que también debe evaluarse si la decisión gubernamental contra la inflación de entregar permisos a unas empresas puede causar problemas de salud animal, vegetal o humana.
Consideró que es válida la preocupación del gobierno por el incremento de precios, así como el uso de diversos mecanismos para tratar de frenar las alzas. Sin embargo, dijo que desde 1992 ya se tiene una ley de competencia y una economía abierta, contrario a lo que existió en los ochentas.
"Ahora tenemos ley de competencia y se tiene una economía abierta, habría que ver hasta dónde este tipo de políticas son muy específicas pudieran tener un efecto generalizado, para bien o para mal, en términos de competencia y ahí es donde se requiere un análisis probablemente más profundo", expuso.
Mendoza Contreras afirmó que las regulaciones están armonizadas con los socios comerciales por lo que al dejarlas importar de países con los que no hay tratado comercial puede haber problemas con los países con los que sí hay tratados, aunque también pueden autorregularse las mismas empresas.
"Si dicen, te voy a quitar determinadas regulaciones fitosanitarias y traigo [como empresa] de otro lado [el producto], podría causar un problema para el comercio entre los países integrantes de un acuerdo, creo, no sé hasta dónde, las mismas empresas pudieran enrolarse en un tipo de actividad de esta forma, si estas empresas comercian con el exterior, entonces la aplicabilidad pudiera ser reducida por la propia autorregulación para no traer productos que pudieran dañar su propio comercio", expuso.
Agregó que "ahora que van a entrar productos del extranjero, en una política muy, digamos, estrecha, y no para todo, tendríamos que pensar si los permisos o no, tienen un problema digamos de contaminación, o de problemas de salud animal, vegetal o salud humana. Todas esas cosas lo deseable sería poder evaluarlas".
Por su parte, la exsubsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío Ruíz, expuso que los mecanismos gubernamentales para frenar la inflación "absolutamente sí violan los tratados, cuando estás poniendo cuestiones diferenciales o requisitos diferenciales al producto que se produce en México, respecto al producto que se importa".
Agregó que "es lo más penado en el tratado, de que no le des trato nacional, se tiene que dar el mismo trato a los productos que se importan por ejemplo de Estados Unidos o Canadá, respecto de los productos que se producen en México".
Ruíz afirmó que este tema de dar beneficios a las 15 empresas que participan en el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) significa dar trato diferente a las empresas, "pero en general, los tratados sí te prohíben que le des un trato discriminatorio a los socios cuando están dando un beneficio a los nacionales".
« El Universal »
