Cuadriplicó Pemex las adjudicaciones directas

El monto contratado en 2022 mediante adjudicaciones directas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo un crecimiento de 338% respecto al año previo, lo que significa que se multiplicó más de cuatro veces, de acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana de la petrolera, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Este informe con las cifras más recientes del ejercicio de recursos públicos por parte de la petrolera dirigida por Octavio Romero Oropeza apunta a que el año pasado, al hacer uso de este método, se pactaron contratos con proveedores por 146 mil 148 millones de pesos, mientras que un año antes fueron 33 mil 337 millones de pesos.

El monto del año pasado es el mayor desde que se realizan estos informes, es decir, desde 2020.

Incluso, como porcentaje de todo el gasto que Pemex ejerció, las adjudicaciones directas representaron 34.6%, superando a las licitaciones públicas, con 32.6%.

Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa Anticorrupción de la asociación Fundar, expuso que así como la administración federal enfrenta altos riesgos de corrupción por este tipo de contrataciones, Pemex, con un régimen propio, también tiene esa problemática.

"Los riesgos son que se contraten empresas que no tengan capacidad para realizar los contratos, o que sean empresas fantasma. Con este esquema es como se ha dado el caso de corrupción de Diconsa, Liconsa y Segalmex", añadió.

Lo que dice la ley

De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado debe acotarse a la licitación pública en tanto su Consejo de Administración lo determine.

Sin embargo, están establecidos 23 supuestos en la ley para contratar mediante un proceso de excepción a la licitación pública.

Salvatierra destacó que Pemex transgrede el artículo 50 de su reglamento, el cual indica que por los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa, la suma de las operaciones en un ejercicio fiscal no debe rebasar 30% del presupuesto total autorizado para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la empresa.

"Si se ha estipulado este porcentaje es por algo, porque con la misma ley se trata de reducir los riesgos de corrupción, de discrecionalidad de los servidores públicos y del daño al presupuesto", agregó.

En conjunto, con las invitaciones a cuando menos tres empresas, las adjudicaciones directas representan 39%, pero el año pasado ese porcentaje se ubicó en 52%.