Cuestionan limitantes para financiar actividad cultural

El análisis a la reforma fiscal anunciado por AMLO alerta a los expertos, que ven un sector centralizado si no se deja participar a las asociaciones civiles o fundaciones privadas sin fines lucro. "El daño se consuma a otro nivel", subrayan.

Para analistas y expertos en políticas culturales, las consecuencias que tendría el anuncio hecho el 14 de agosto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son de gravedad: el análisis de la reforma fiscal de hace una década para regular el financiamiento que las asociaciones civiles sin fines de lucro perciben mediante donaciones deducibles en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

El anuncio se da en medio de un conflicto político en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), representada por Pablo Gómez, cuestiona la recepción de recursos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 

Una de las donaciones que recibió la organización entre 2016 y 2023, y que fueron exhibidas por el Ejecutivo, corresponde a la organización sin fines de lucro, Fundación Kaluz, que administra la colección del Museo Kaluz.

Las consecuencias que, de concretarse, tendría la reforma, son analizadas por los expertos Mauricio Merino, Carlos Lara y Arturo Saucedo.

La existencia de un modelo de estímulos fiscales, así como la del sistema de becas del extinto FONCA, hoy Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), sirve como prueba de que en México los artistas y actores del sector cultural dependen de apoyos para su supervivencia.

En esta línea, el Artículo 25 constitucional específica cómo debe ser el desarrollo en el país: "Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación".

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esta triada conformada por el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil con responsabilidad social es subrayada por el especialista en legislación cultural Carlos Lara, quien también señala la ley reglamentaria del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, en el caso de la cultura, permite a las empresas deducir impuestos apoyando al arte. 

El analista cultural y legislativo, Arturo Saucedo, menciona el Artículo Cuarto constitucional, que en su fracción 12 establece el derecho de los sectores social y privado a participar en los programas y diseños de la cultura: "Es un derecho constitucional. No hacerlo es irnos a un estado autoritario donde todas las acciones del ámbito privado, así sean las no lucrativas, van a ser atacadas por el Estado", dice.

Según la ley, un amplio abanico del desarrollo cultural se vería trastocado con la medida.

Para el académico e investigador Mauricio Merino son muchas las contribuciones de 

las ONG: "Las instituciones sin fines de lucro privadas han representado apoyos para la gente más vulnerable, en general, que suman más de 416 mil 62 millones de pesos en conjunto". Si bien son más de 10 mil 605 las organizaciones registradas (que ofrecen desde ayuda humanitaria hasta promoción científica) con la autorización de recibir donativos deducibles de impuestos, éstas representan 1.48% del PIB, según la iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía.

ONGS REGISTRADAS

En el Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) se señala que las organizaciones culturales, autorizadas como donatarias, son 750 en el ya citado universo de 10 mil 605 organizaciones registradas con dicha etiqueta; estas 750 equivalen, en un cálculo rápido, al 0.09% del PIB.

La medida no sólo implicaría ciertas trabas para el modelo de estímulos fiscales, el cual permite que una empresa, un contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, aplique un crédito fiscal para la creación y producción de proyectos de artes visuales, danza, teatro y música, así como la publicación de obras literarias.

"Las ONG son los brazos sociales que llegan a donde el Estado no puede llegar. Pero justo se necesita que el Estado genere esas condiciones", explica Lara.

"No todo el fomento cultural lo hace el Estado, no todo el fomento educativo lo hace el Estado y no toda la investigación científica la hace el Estado", dice Saucedo; y, en palabras de Lara, de aprobarse la iniciativa, se mataría la comunidad y la libertad de asociación.

No está bajo ningún cuestionamiento la importancia de que el Ejecutivo entienda que el llamado "tercer sector", las asociaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro, están para apoyar y llegar a los lugares donde el gobierno no puede hacerlo, afirma Swald Huerta, presidente de la asociación civil Culturalmente Responsable.

El abanico es amplio porque también se vería afectado el financiamiento de museos.

Con la extinción de los fideicomisos y la restricción a las asociaciones civiles, el lazo social y la comunidad se pulverizaría, continúa Lara.

En materia de Cultura, Educación y Ciencia, asegura Saucedo, esto equivaldría a una estocada final, puesto que el retroceso ya sucedió.