El Gobierno mexicano, representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su firme rechazo a la entrada en vigor de la ley SB4 recientemente aprobada en Texas, argumentando que esta medida promueve la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial. Además, declaró que no aceptará las repatriaciones hechas por el estado de Texas.
A través de un comunicado oficial, la dependencia gubernamental mexicana afirmó: "México rechaza categóricamente cualquier medida que faculte a las autoridades estatales o locales para llevar a cabo labores de control migratorio, detener y devolver a individuos nacionales o extranjeros a territorio mexicano".
Asimismo, subrayó la importancia de mantener una política migratoria uniforme y de continuar los esfuerzos bilaterales con Estados Unidos para garantizar que el flujo migratorio sea seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos, sin que se vea afectado por decisiones legislativas a nivel estatal o local. En este sentido, México ha dejado claro que no aceptará, en ninguna circunstancia, las repatriaciones propuestas por el estado de Texas.
Ley antiinmigrantes de Texas
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Estas declaraciones del Gobierno de México surgen luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos se pronunciara a favor de la ley de Texas que autoriza a las autoridades policiales estatales detener individuos sospechosos de cruzar la frontera de manera irregular desde la frontera sur, rechazando la la petición del Gobierno del Presidente Joe Biden de bloquear la implementación de dicha ley.
La Administración Biden había solicitado a los jueces que detuvieran temporalmente una orden judicial que permitía que la ley de Texas entrara en vigor, mientras el Gobierno federal impugna la validez del estatuto en los tribunales inferiores.
Washington argumenta que la ley de Texas, conocida como SB4 y firmada por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, viola tanto la Constitución como la ley federal al interferir con la autoridad del Gobierno central para regular la migración.
El Gobernador Abbott justificó la necesidad de esta ley debido a lo que él describe como la falta de acción por parte de la Administración Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal. En una rueda de prensa el 18 de diciembre, Abbott afirmó que "la inacción deliberada de Biden dejó a Texas a su suerte".
Esta legislación convierte la entrada o reentrada ilegal en Texas en un delito estatal, con sanciones que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. Los jueces de primera instancia en Texas están obligados por la ley a ordenar el regreso de los migrantes a México, con penas de hasta 20 años para aquellos que se nieguen a cumplir con esta disposición.