Las crisis se definen por ser situaciones que ponen en peligro el desarrollo o la estabilidad de un estado de cosas, es por ello que los efectos del tráfico y la comercialización ilegales de fentanilo y otros opioides sintéticos han sido catalogados como los detonantes de una crisis para la salud y la seguridad de la población.

Esta crisis de los opioides es de aquellas cuyo avance se advierte acelerado. En una primera ocasión, en 2019, advertí sobre lo peligroso que pueden ser los opioides en general, y el Fentanilo en particular, para la salud cuando se desvía su uso original —anestésico— pues significa la muerte. En ese momento había ya una cifra considerable de defunciones en EUA por sobredosis de fentanilo, pero no alcanzaba un grado alarmante y México no se ubicaba como país de consumo. En una segunda ocasión, señalé en la columna del 2 de septiembre de 2022 publicada por EL UNIVERSAL, que entre 2019 y 2021 se detectaron 282 casos de consumo de fentanilo en nuestro país y que la demanda de tratamientos de rehabilitación contra el consumo de opioides en centros de salud ambulatorios iba en aumento, al igual que la producción y trasiego de esta droga hacia los Estados Unidos. Hoy el fentanilo es considerado por la DEA como la amenaza de drogas más mortífera que ha enfrentado nuestro vecino del norte en toda su historia. Esto ha provocado que el presidente Biden emita un plan de acción para combatir su producción y tráfico, a través de medidas como el establecimiento de una alianza internacional con diversos gobiernos para limitar de manera conjunta la capacidad operativa de los cárteles; una mayor coordinación de inteligencia entre agencias de los tres ámbitos de gobierno de su país a fin de unificar la información y tomar mejores decisiones estratégicas y tácticas; un vínculo más estrecho con el sector privado y una mayor protección al sistema financiero a fin de establecer mecanismos que impidan que las organizaciones de la delincuencia organizada puedan acceder a bienes y servicios que les son necesarios para seguir traficando fentanilo y lavar el dinero que dichas actividades ilícitas generen, entre otras. Lamentablemente este tema se ha convertido en una bandera política para la próxima contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos. Frente a estos acontecimientos, México no puede solo negar que existan laboratorios clandestinos destinados a la producción de Fentanilo y señalar al norte y al oriente cuando apenas esta semana se detuvo un cargamento de más de un millón 300 mil pastillas en la frontera con Nogales, Arizona, provenientes de nuestro país, lo cual, por cierto, implica que deben hacerse modificaciones al marco legal aplicable para que no existan lagunas normativas, mismas que ya se han atendido en diversas iniciativas, cuya aprobación se encuentra pendiente en el Senado. Seguir empecinándonos en no ver la realidad implica correr el riesgo de que nuestra frontera norte se vuelva un centro de consumo, provocando un aumento en la cantidad de muertes de estadounidenses, pero también de mexicanas y mexicanos. Más que caer en falsos debates que llevarían a buscar culpables, se debe trabajar para alcanzar una forma efectiva de combatir una de las más letales adicciones de la humanidad que lanza su tercera llamada.