Se acercan las elecciones y no hay fiscal para delitos electorales

A tres días de que empiecen las campañas locales y a dos meses de que se lleve a cabo el proceso electoral del 2024, Nuevo León enfrentará un enorme problema, no habrá Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

El problema es que no hay fecha para que el Congreso Local designe al nuevo titular porque el proceso de la convocatoria esta entrampado en los tribunales, además de que fue vetado por el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda.

Desde su creación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha atendido mil 421 denuncias en Nuevo León.

Tan solo en el proceso electoral llevado a cabo en el 2021, la FEDE atendió un total de 847 denuncias, se detuvieron a 11 personas, se hizo el aseguramiento de 32 mil pesos, además se catearon las presidencias municipales de Ciénega de Flores, Zuazua, Cadereyta, Higueras, Linares y Salinas Victoria.

En lo que refiere al proceso electoral actual 2023-2024, en esta dependencia ya se han presentado 58 denuncias interpuestas, cifra que consideró importante, al no iniciar aún el periodo de campañas entre los contendientes.

Por tal motivo, esta dependencia es de suma importancia porque es donde los ciudadanos y partidos políticos que detecten o enfrenten alguna irregularidad que ellos consideren un delito no habrá un responsable a quien acudir.

La fiscalía en si está operando, pero existe incertidumbre de que va a pasar el próximo 2 de junio con las situaciones que se vayan presentando o se vayan denunciando.

Guillermo de Hoyos Koloffon, renunció al cargo el pasado 31 de enero del presente año y se quedo como encargado de la oficina Ismael Suárez Treviño.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales es la institución que procura justicia en materia penal-electoral. 

A diferencia de los tribunales electorales esta dependencia no se encarga de calificar la validez electoral ni de revisar las decisiones tomadas por el INE o por los Organismos Locales, sino que esta´ facultada para atender, perseguir y sancionar aquellas acciones que se encuentren catalogadas como delitos electorales.