Califica CEDH con un 7.02 al Sistema Penitenciario de NL

Para describir cómo ha avanzado la seguridad penitenciara, esta semana la CEDHNL lanzó el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2023, el cual revela que el Sistema penitenciario de Nuevo León obtuvo una calificación global de 7.02.

Es así que con el objetivo es que las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico puedan detonar acciones específicas para atender los principales desafíos que enfrenta el sistema penitenciario, y guiar a las autoridades involucradas en la adopción de medidas para garantizar y fortalecer los derechos humanos en los Centros de Reinserción Social (CERESOS).

Esto con enfoque en la integridad personal, la estancia digna, la reinserción social, las condiciones de gobernabilidad, y la atención brindada a los grupos de atención prioritaria.

La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano explicó que, durante el año 2022, se presentaron 26 recomendaciones para implementarse en el año 2023, por lo que se solicitaron constancias a la autoridad para documentar las acciones adoptadas para la observancia de las recomendaciones realizadas.

"Se llevó a cabo un ejercicio de evaluación mediante la revisión de las evidencias remitidas por la autoridad y de los hallazgos observados por personal de la Tercera Visitaduría de la Comisión; así como un recorrido en el que se aplicaron  diversos cuestionarios a las personas privadas de la libertad en los CERESOS, entrevistas con las personas titulares o encargadas de los centros penitenciarios, con las personas encargadas de la seguridad y custodia, así como a las personas titulares de las áreas médica y técnicas", puntualizó Méndez Arellano.

De 26 recomendaciones, la autoridad cumplió con el 38.46 por ciento, es decir que sólo cumplió con 10 de ellas, cumplió parcialmente con 11 y con 5 más no cumplió.

Es importante señalar que, en cuanto a la obligación de procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales, establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se documentó que de las 10,513 personas privadas de la libertad en los CERESOS el 56.46% no tiene actividad laboral; el 87.18% no participa en actividades educativas, y 26.75% no practica alguna actividad deportiva.  Además, el análisis revela que, sólo en algunos casos se cumple con el pago del salario mínimo a las personas que trabajan en la industria penitenciaria.