Restringen visas a funcionarios de Nicaragua por represión

Estados Unidos anunció este sábado la restricción de visas a 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua que, según afirma, participaron en actos de represión y cierre de espacios cívicos, como la reciente clausura y confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

El secretario de Estado, Antony Blinken, dio a conocer la medida en un comunicado tras denunciar lo que describio como "los incesantes ataques del régimen" del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo contra "las libertades civiles" en el país centroamericano.

Los 100 sancionados son funcionarios nicaragüenses que "participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana, y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo Rolando Álvarez", indicó la declaración.

La medida se ajusta a la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a "personas responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua", según el texto.

Este sábado, tres días después de la intervención estatal de la UCA, la policía nicaragüense desalojó a los sacerdotes jesuitas que laboraban en la residencia Villa del Carmen, cerca de la universidad confiscada, denunció la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL), con sede en Lima.

En un comunicado, la CPAL señaló que el gobierno nicaragüense confiscó de manera "arbitraria" la propiedad donde habitaban los sacerdotes, pese a que ese inmueble no pertenecía a la UCA.

Agregó que los agentes obligaron a los religiosos a abandonar la residencia, quienes se marcharon del lugar y buscaron albergue en la Comunidad de San Ignacio, en Managua.

Monseñor Rolando Álvarez, obispo católico de Matagalpa (norte de Nicaragua), fue detenido hace un año por la policía y desde febrero pasado guarda prisión en un penal de Managua, tras recibir una condena de 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados y desterrados.

Blinken aseguró que Washington seguirá trabajando con la comunidad internacional "para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua", y en favor de "las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos".

"Seguimos llamando a la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y al fin de la represión sistemática", declaró.