Aprueba España polémica ley de amnistía a separatistas catalanes

Madrid, España.- El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves 14 de marzo la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente por el intento ilegal de independencia de Cataluña, lo que puede facilitar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo desde 2017.

Ahora, la iniciativa tendrá que ser tramitada por el Senado, donde la derecha tiene mayoría absoluta. Dentro de dos meses volvería al Congreso para la aprobación definitiva, entraría en vigor a finales de mayo y su interpretación y aplicación correspondería a los jueces.

La ley fue respaldada este jueves por la coalición que forma el Ejecutivo (PSOE y Sumar), el resto de la izquierda y fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas y vascas, con la oposición frontal de los conservadores del Partido Popular (PP) y la extrema derecha (Vox).

El presidente socialista Pedro Sánchez ha promovido esta amnistía como una forma de dejar atrás el intento de secesión de 2017 de los entonces líderes de Cataluña, una región del noreste centrada alrededor de Barcelona donde muchos hablan la lengua local catalana además del español.

Sin embargo, el proyecto de ley también ha encontrado la oposición de millones de españoles que creen que las personas que provocaron una de las mayores crisis políticas de España deberían enfrentarse a cargos que incluyen malversación y promoción del desorden público.

Sánchez ya ha indultado a nueve líderes independentistas catalanes encarcelados, una medida que ayudó a cerrar heridas con poco coste político. Pero la amnistía está resultando mucho más divisoria.

'Una serie de encuestas muestran que la mayoría de los españoles está en contra de esta ley de amnistía'

La crisis de secesión estalló en 2017, cuando una administración regional dirigida por Carles Puigdemont organizó un referéndum sobre la independencia, desafiando las órdenes del Gobierno nacional y una sentencia del Tribunal Supremo de España que señalaba que hacerlo violaba la Constitución. Madrid envió a la Policía en un intento de detener el referéndum, ante lo cual se desencadenaron protestas que se tornaron violentas.