Opinion Columna


Ética y buenas prácticas

Lupita Rodríguez Martínez


Autor: Lupita Rodríguez Martínez | Publicacion:12-02-2019
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El Poder Legislativo es la institución derivada del pueblo para elaborar las leyes, vigilar su cumplimiento y ser el contrapeso del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos.

 Tanto a nivel nacional como estatal, el Legislativo representa la caja resonancia política, ya que como Parlamento es el depositario de la soberanía popular a través de una representación social que se renueva cada tres años.

 En las últimas décadas, el voto popular ha logrado conformar Legislaturas cada vez más plurales, lo cual permite que la mayoría de las voces de las diversas corrientes políticas puedan ser escuchadas en las tribunas legislativas, tal y como sucede en la vida cotidiana con el surgimiento de las redes sociales.

 Empero, así como las redes sociales han democratizado la información, también han empobrecido los contenidos, debido a las mentiras cibernéticas o ‘fake news’ que el grueso de la población lamentablemente da por verdaderas cuando se publican o comparten, debido a que dichos contenidos no pasan por el rigor de la veracidad informativa o buena práctica periodística.

 Sin embargo, la democratización y la libertad de expresión en las tribunas populares y en las redes sociales siempre debe ser bienvenida, a pesar de que en muchos casos la información no se apegue a la verdad o no sea avalada por los obligatorios procesos de investigación.

 Es lamentable que se orquesten campañas negativas con ‘fake news’ para denostar a personas, autoridades o instituciones, así como para manipular a la población, llegando al despropósito de crear personajes ficticios y medios de comunicación hechizos a través de los llamados ‘bots’.

 Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y su avance no debe espantarnos, ya que aún sin ellas se realizan prácticas desleales al filtrar información falsa o difundir noticias engañosas a través de los medios de comunicación tradicionales, para desacreditar o calumniar el trabajo de otros.

 Tales prácticas afectan la labor legislativa y sólo generan un mayor descrédito entre la ciudadanía sobre sus servidores públicos.

 El Congreso del Estado, como órgano legislativo colegiado, debe mantener una imagen ejemplar de trabajo y de relaciones productivas. Por ello, la semana pasada se propuso crear un Comité de Ética y Buenas Prácticas Parlamentarias, como responsable de elaborar el Código de Ética que rija el quehacer del Poder Legislativo, así como de aplicarlo en los casos concretos.

 Debemos señalar que desde la filosofía clásica hasta la contemporánea la ética se ha encargado del estudio de lo que es bueno o es malo para el ser humano. Como bien lo definió el filósofo español, Fernando Savater, en su libro Ética para Amador, “la ética es el arte de saber lo que nos conviene”. Al trasladar y aplicar esta idea en la vida pública, la ética es saber distinguir los actos que le convienen a la comunidad de los que no le convienen.

 En tal sentido, establecer un Código de Ética dentro de un Parlamento implica distinguir las conductas de las y los legisladores que son buenas para la comunidad, las cuales obliguen a los representantes de este poder público a dignificar la investidura.

 A nivel federal, el Código de Ética en el Congreso de la Unión es ya una realidad y obligación de los legisladores acatarlo, pues desde abril de 2015 es ley vigente.

 Por tal razón, se planteó a la actual Legislatura integrar de manera plural e incluyente con once diputados el Comité de Ética y Buenas Prácticas Parlamentarias, cuya presidencia sea anual y de carácter rotativo entre los grupos legislativos.

 Lo anterior, con el fin de que elabore las propuestas del Código de Ética y del Manual de Buenas Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado, previa consulta con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, además de que lleve a cabo la formación del Comité de Ética y Buenas Prácticas Parlamentarias.

 El cumplimiento de principios y fundamentos éticos permitirá consolidar la construcción de una sociedad democrática, humanista, igualitaria, equitativa, justa, libertaria y en paz.



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