Legal


Demandan mejoras en Transparencia


Publicacion:09-05-2018

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La jurista Adriana García analizó ante la comunidad legal de Nuevo León, casos de mejoras en la Comisión de Gobierno de la ALDF.

Por un buen estado de derecho, la jurista Adriana García analizó ante la comunidad legal de Nuevo León, casos de mejoras en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ello como caso práctico en pro de una mejor legislación en la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Dentro de este debate legal la jurista dijo que hay casos prácticos que los estudiantes de derechos deben de analizar, por ejemplo que desde junio del año  pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación periodística en la cual se dio a conocer la manera en la que Grupo IUSA y Controles y Medidores Especializados (CONYMED), empresas propiedad de Carlos Peralta y de su cuñado, Andrés Tort, respectivamente, han ganado prácticamente la totalidad de las licitaciones para la adquisición de watthorímetros convocadas por la Comisión Federal de Electricidad. El modus operandi de ambas empresas refleja posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica con lo cual se han logrado beneficiar, en los últimos 4 años, con más de 11 mil millones de pesos.

 “A raíz de la investigación referida, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) -área jurídica de Mexicanos Contra la Corrupción -denunció ante la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a las empresas pertenecientes a Grupo IUSA, a CONYMED y a las personas físicas que las controlan, pues se presume que cometieron prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica”.

 “Con motivo de la denuncia presentada, la Autoridad Investigadora de la COFECE inició una investigación y publicó el día de hoy el aviso respectivo en el Diario Oficial de la Federación”.

“Es esta COMISIÓN cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, en términos de los artículos 66 y 71 de la LFCE. Esta autoridad considera necesario el ejercicio de su facultad investigadora prevista en los artículos 12, fracción I, 66 y 73 de la LFCE, toda vez que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas absolutas previstas en el artículo 53 de la LFCE, y posiblemente en el artículo 9° de la Ley Federal de Competencia Económica”

Además de que el  periodo de investigación en la COFECE puede durar de 30 a 600 días hábiles dependiendo de las circunstancias bajo las cuales ésta se lleve a cabo. Una vez concluido dicho periodo, la Autoridad Investigadora podrá: i) ordenar el cierre de la investigación, o ii) si encuentra elementos suficientes para presumir la responsabilidad de los agentes económicos investigados, emitir un dictamen de probable responsabilidad y será el Pleno de la COFECE quien decida si se debe sancionar a los agentes involucrados con multas de hasta el 10% de sus ingresos.

 Por ello la comisión de una práctica monopólica absoluta es un delito de carácter federal, por lo que de así estimarlo la COFECE, podrá presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República. Lo anterior representa un paso firme en el combate a la corrupción y a la impunidad en el sector privado.



« El Porvenir / Alberto Medina »
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