Legal


Urgen buscar una genuina Fiscalía Independiente


Publicacion:03-05-2018

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Georgina Aldama cuestiona que es inaceptable la pretensión del Senado de aprobar al vapor la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República.

En pro de un mejor estado de Derecho, la jurista Georgina Aldama cuestiona que es inaceptable la pretensión del Senado de aprobar al vapor la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía General de la República.

Y es que ante los ojos legales del mundo subraya que organizaciones civiles, académicas, empresariales y colectivos de víctimas coincidimos en que, por encima de nuestras diferencias ideológicas, políticas, o nuestros contextos sociales y culturales, es una prioridad transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en una genuina Fiscalía Independiente.

“Es por ello que externamos nuestra preocupación ante la posible discusión y aprobación de la Ley Orgánica de la próxima Fiscalía General por parte del Senado de la República, sin antes realizar las reformas necesarias al artículo 102 Constitucional para garantizar la autonomía e independencia de la institución”.

“Reiteramos a los y las legisladoras que construir una nueva Fiscalía requiere estas reformas, para lograr el diseño de la institución que el país demanda. El riesgo de aprobar la Ley Orgánica y nombrar al Fiscal General, sin antes llevar a cabo una reforma integral, es el de perpetuar la ineficacia, la rigidez y burocracia que hoy caracterizan a la PGR, y que ha permitido y alimentado la impunidad en nuestro país”.

Legalmente advierte que el dictamen de Ley Orgánica que actualmente tiene el Senado de la República, no es una Ley que plantee el cambio institucional que se requiere, su diseño no es acorde al Sistema Penal Acusatorio ni al Sistema Nacional Anticorrupción, tampoco plantea un nuevo modelo de investigación ni de coordinación institucional. “Carece totalmente de los contrapesos necesarios y nulifica la participación ciudadana”.

Ante la posibilidad de que discutan y busquen aprobar dicha ley en los próximos días, hemos establecido comunicación con los Senadores, advirtiendo de los riesgos aquí expuestos y manifestando nuestra oposición a este posible albazo. La decisión que tomen en esta materia, dejará claro si están dispuestos a dar pasos firmes para comenzar a salir de la profunda crisis de corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos, o si por el contrario, tomarán decisiones que la sigan profundizando”.

“Reiteramos nuestro llamado al Senado de la República a abstenerse de discutir el dictamen actual de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y nombrar al Fiscal General, sin antes de llevar a cabo una reforma integral al artículo 102 constitucional bajo un formato de Parlamento Abierto”.

Además de que en el orden de los factores, sí altera la posibilidad de salir de la crisis de impunidad. No podemos decirlo de forma más clara, la vía correcta para lograr una Fiscalía independiente, autónoma y eficaz es la siguiente:

-Paso 1.- Reforma constitucional al artículo 102 constitucional.

-Paso 2.- Creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

-Paso 3.- Designación del Fiscal General de la República.

En México ha iniciado la discusión sobre la nueva Fiscalía General de la República (FGR), que eventualmente asumirá las funciones de la Procuraduría General de la República (PGR) de investigar y perseguir delitos federales en México. Organizaciones, académicos, empresarios, artistas y otros miembros de la sociedad civil han lanzado la campaña “Por una Fiscalía General de la República que Sirva”, exigiendo un diálogo público sobre el tema.

“La Constitución mexicana se reformó en el 2014 para crear la Fiscalía debido a la falta de independencia y resultados de la PGR, y para asegurar que el nuevo sistema de justicia penal sea una realidad en el país. El Congreso mexicano aún debe llevar a cabo algunos actos legislativos para que la Fiscalía exista formalmente”.

Ante todo, el Congreso debe tomar una decisión fundamental: crear una Fiscalía nueva, “desde cero”, incluyendo la designación de un Fiscal autónomo con un perfil idóneo y un equipo capaz de investigar delitos en forma seria y honesta, o transferir “en automático” al Procurador General de la República y a todo el personal de la PGR a la nueva Fiscalía, y con ello arrastrar a la nueva institución los vicios y prácticas que han llevado al colapso del sistema de justicia penal en México.

“Las decisiones del Congreso y del Presidente sobre la Fiscalía afectarán a millones de víctimas de delitos en México. También tendrán consecuencias en la investigación de casos de desaparición, tortura, delitos contra migrantes, delincuencia organizada, así como en la confianza de los ciudadanos para denunciar delitos y en los resultados de las investigaciones penales”.

Por ello, legalmente urge a las autoridades mexicanas a iniciar un diálogo serio y comprometido con la sociedad civil sobre la Fiscalía que México necesita, una Fiscalía que sirva para reducir los niveles de violencia y criminalidad en México y que garantice justicia para las víctimas de delitos.

EXIGEN MEJORAS

Para la jurista es necesario mejores leyes en el país, por ejemplo, en el desarrollo de casos prácticos legales, en PEMEX se amplió hasta el año 2023 la reserva de la información relativa a la investigación que se sigue contra Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.

Donde el Director General de PEMEX en el primer semestre de 2013, periodo en el que supuestamente se negoció un soborno para el contrato de la refinería de Tula.

La unidad de transparencia respondió que había localizado la información solicitada, pero que no podía proporcionarla porque forma parte de la carpeta de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República.

“De proporcionarse dicho instrumento objeto de la solicitud de información, relacionado con la citada empresa, se causaría un serio perjuicio al curso de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Federación, contenidas dentro de la carpeta de investigación correspondiente, que a la fecha se encuentra en trámite”.

Mediante el acuerdo 5.4.0.18, el comité de transparencia de PEMEX autorizó una “reserva total” por un periodo de 5 años la información solicitada.

“Existen elementos suficientes para clasificar la información objeto de la solicitud de información que nos ocupa, ya que de dar a conocer la información requerida se pondría en riesgo las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la PGR y la SFP”, argumentó el comité.

El acta en la que se acordó reservar la información hasta el año 2023 la firmaron Enrique Román Chávez, Federico Mantilla Armida y Verónica Magaña Ojeda, todos suplentes de la Presidencia y de las vocalías del comité de transparencia y esto se debe de analizar.

“En su delación ante las autoridades ministeriales de Brasil, el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, aseguró que en el arranque de 2013 había visitado a Emilio Lozoya en su oficina, y que su presencia en la sede central de PEMEX, en avenida Marina Nacional, en la ciudad de México, había quedado registrada, por lo que era información que podía ser corroborada”.

“Fue a partir de esa delación, rendida en diciembre de 2016, que MCCI solicitó a PEMEX copia del libro de visitas, para constatar si efectivamente Weyll se había reunido con Lozoya en su oficina en la torre de PEMEX”.

 En esa reunión y en otras ocurridas en el transcurso de 2013, le pidió a Lozoya su ayuda para que Odebrecht pudiera “conquistar nuevos negocios con la petrolera”.

“Le aseguré que la compañía haría propuestas competitivas y que, en caso de que tuviéramos éxito, el apoyo de Emilio Lozoya sería retribuido”, expresó Weyll en su declaración a las autoridades de Brasil.

Por ello, ahora ante una nueva solicitud de información, también vinculada con el caso Odebrecht, decidió que la reserva de información será hasta el año 2023.

“En ambos casos el argumento es el mismo: que dar a conocer la información pone en riesgo la investigación de la PGR”.

 



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