Legal


Pugnan juristas por modelo integral


Publicacion:08-01-2018

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“Por ello, es urgente que se adopte un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia del país”.

 

Para que se de una mejora en el Estado de Derecho en la Nación juristas pugna porque se concrete  sinergias en el  Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa bajo  un Lineamiento  para un Modelo Homologado de Investigación Criminal.

Por lo que  en sinergia y con el  apoyo de la Fundación McArthur, esta investigación encontró que la falta de un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia a nivel nacional que responda al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito es estandarizar la operación de la justicia penal, ha obstaculizado la eficiente persecución de los delitos.

 Por ello, el documento plantea lineamientos mínimos para la homologación del modelo de investigación criminal  en el país y define criterios a partir de los cuales debe desarrollarse la procuración de justicia.

 A este tema la jurista Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y representante del Colectivo #FiscalíaQueSirva, José Antonio Caballero, profesor-investigador del CIDE y participante en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, así como Elvyn Díaz Sánchez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y ex-colaborador de la ex-Fiscal de Guatemala Claudia Pay y Paz.

Y dijo que también participará en esta presentación Sharon Bissell, directora de la oficina en México de la Fundación MacArthur, además de la autora principal del documento, María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa.

Dicho ello el proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio careció de un modelo de investigación criminal homologado para las instituciones de procuración de justicia a nivel nacional.

La investigación presentada por CIDAC y México Evalúa identifica la carencia de una visión integral de Estado sobre seguridad y justicia en la cual se enmarque la procuración de justicia.

También se señala la falta de estrategias de priorización de los delitos a perseguir, que permitan focalizar los recursos de manera más efectiva.

En el contexto de la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, el desafío consiste en adoptar un modelo de investigación más eficiente.

“Lograr una articulación efectiva entre una política criminal y una de persecución penal es indispensable para que el sistema de justicia penal acusatorio opere de manera adecuada”, señaló hoy María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa-CIDAC, durante la presentación del documento Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal.

“Por ello, es urgente que se adopte un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia del país”.

Esto se debe a que el cambio de modelo procesal generó la necesidad de perfeccionar los procedimientos, técnicas y protocolos de actuación por parte de los operadores del sistema de justicia penal, y en particular de los integrantes de las instituciones de procuración de justicia, recordó la autora principal del estudio. La mayor especialidad y pericia que se requiere en sus actuaciones es de particular importancia en el contexto de la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, en sustitución de la actual Procuraduría General de la República, y de los procesos de transición de procuradurías a fiscalías que varias entidades emprendieron, recalcó.

El documento, realizado con el apoyo de la Fundación MacArthur, elabora un diagnóstico de la procuración de justicia que destaca la carencia de una visión integral de Estado en la cual se enmarque la procuración de justicia y que involucre a todas las instituciones que tienen corresponsabilidad en el ámbito de la seguridad y la justicia. También identifica la falta de estrategias de priorización de los delitos a perseguir, que permitan focalizar los recursos de manera más efectiva.

Como consecuencia, en 2016, a nivel nacional, solamente uno de cada dos casos que ingresaron a las procuradurías o fiscalías tuvieron una salida. Mientras que en una muestra de entidades seleccionadas, 3 de cada 10 casos se judicializaron, en el ámbito federal, 1 de 10 casos fue judicializado y 99% de ellos derivó de una flagrancia, lo que evidencia las deficiencias de la investigación en las distintas áreas de la Procuraduría.

“Las instituciones de procuración de justicia son el punto más crítico del sistema de justicia penal, pues son comunes las violaciones de derechos humanos y la confianza ciudadana en estas instituciones es mínima”, manifestó María Novoa.

Y es que a partir de este diagnóstico, el documento retoma las experiencias de varios países, así como las buenas prácticas de algunos estados de la República, con el propósito de plantear lineamientos para el desarrollo de un modelo homologado de investigación criminal, que delimite claramente las funciones de los distintos ámbitos del sector de seguridad y justicia a partir de los cuales debe procurarse la justicia.

“Una característica de nuestra propuesta consiste en dejar atrás el uso desmesurado y rígido de la especialización de la procuración de justicia por delito, para dar paso a unidades de investigación que sean estructuras flexibles, capaces de diversificarse para atender los casos de acuerdo con la incidencia delictiva, las necesidades institucionales o  la complejidad de los asuntos”, subrayó María Novoa.

Por otra parte, el documento propone que la responsabilidad de la ejecución de la investigación de los delitos recaiga en los policías, en permanente coordinación, colaboración y comunicación con el Ministerio Público, quien debe encargarse de la conducción legal, la asesoría jurídica y la formalización de la investigación, como lo estipula el artículo 21 de la Constitución.

En este desarrollo participaron también en la presentación de este estudio Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, José Antonio Caballero, profesor-investigador del CIDE, Elvyn Díaz Sánchez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, así como Sharon Bissell, directora de la oficina en México de la Fundación MacArthur.

SUS BASES

Este desarrollo legal requiere de:

Continuidad: La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades que están en interrelación con los diversos aspectos que afectan al problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística.

 Metódica: La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errática; el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dónde recurrir para confrontar hipótesis.

Explicativo-causal: La investigación criminal permitirá a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos acercando a la verdad de los hechos.

Previsión: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede realizarse son la previsión y el planeamiento, para sí obtener en forma certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto más completa y exacta sea la investigación, tanto más cerca se estará de la solución de este problema.

Organización: La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados que con base en un orden lógico, metodológico y ordenado, permite al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecución de los fines deseados.

Actividad analítica-sintética: La investigación criminal es una incesante actividad de análisis y síntesis continua; es decir, la descomposición de un problema en sus elementos que la integran, el análisis de esos elementos y que por inducción (e inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones lógicas y con base en realidades. Es importante tener presente que la omisión en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigación y si sobreviene un proceso, pueden ocurrir como consecuencia un extravío de justicia.

Legal: La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, así como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma.

 Y su importancia de la investigación criminal se da  en  la investigación criminal reside en que el investigador tiene conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigación, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, según el caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeación y coordinación en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalística, la cual permite darle el aporte técnico-científico.

La investigación criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió.

Además el proceso de la investigación criminal donde las  múltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecución de sus objetivos y propósitos, requiere la realización de un conjunto de actividades lógicas y secuenciales que facilitan la obtención de un objetivo.

Para este caso, el método de la investigación científica del delito, no es sino el llamado "método general de la investigación científica".

Y es que la  investigación científica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito, el delincuente, la víctima y las acciones del Estado, que permitirán disminuir los indicios de impunidad, aplicando con ellos conocimientos científicos y técnicos; es lo que se llama investigación criminológica y puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiología, incidencia, relación, efectos, tendencias, etc.

“La segunda se refiere al proceso metodológico, continúo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con bases sólidas su esclarecimiento”.

 



« Alberto Medina Espinosa / Legal »
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