Una de las principales consecuencias de premura y la improvisación en el diseño de las políticas públicas de este gobierno ha sido la afectación desproporcionada a las mujeres. Ya hemos denunciado en este espacio medidas como la intención de gravar los ingresos de las mujeres más necesitadas poniendo impuestos a las ventas por catálogo, así como los efectos contrarios a la igualdad sustantiva de los recortes al programa de Escuelas de Tiempo Completo, que permitía liberar horas de la jornada para mujeres trabajadoras jefas de familia. No se puede olvidar la eliminación del programa de estancias infantiles que beneficiaba a más de 310 mil madres trabajadoras. Las decisiones que no toman en cuenta a las mujeres y nos terminan afectando se siguen acumulando todos los días.

La última gran ocurrencia de desaparecer al Seguro Popular y sustituirlo por un inoperante Instituto del Bienestar afecta desproporcionadamente a las mujeres de los grupos menos favorecidos. La desaparición del Seguro Popular dejó en situación de incertidumbre y vulnerabilidad a los más de 53 millones y medio de mexicanos que contaban con este mecanismo de protección por parte del Estado, de los cuales el 55% eran mujeres. Más aún, de las más de 24 millones de familias beneficiarias del Seguro Popular, el 70.8% estaban encabezadas por mujeres; es decir, que eran las mujeres quienes asumían la representación de sus núcleos familiares. Esto nos habla del papel central que desempeñamos las mujeres en nuestra sociedad, asumiendo la gran mayoría de las labores de cuidado y de crianza, pero también de la poca sensibilidad del gobierno a la dimensión de género en sus decisiones de política pública.

Otro caso en el que no se tomó en cuenta la dimensión de género fue en el malogrado programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa se presentó como una solución a la problemática de los jóvenes que no estudian ni trabajan, sin embargo, la solución propuesta se diseñó sobre las rodillas y no partió de una comprensión adecuada del fenómeno que buscaba resolver. Uno de los principales factores estructurales que no se tomaron en cuenta fue que 3 de cada 4 jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres y la mayoría no lo hace porque se dedica a labores del hogar. Para facilitar la incorporación de estas mujeres al mercado laboral no bastaba con ofrecerles una beca, sino que justamente era necesario aumentar el acceso a las estancias infantiles y Escuelas de Tiempo Completo. No es de sorprender que a un año de su implementación los resultados del programa hayan sido sumamente limitados, alcanzando a cubrir apenas a 900 mil del millón 800 mil jóvenes proyectados originalmente, de los cuales apenas el 2.2% logró colocarse en algún empleo al término del programa.

Otra política que ha causado gran polémica recientemente y tiene una dimensión de género frecuentemente soslayada es la política de persecución y criminalización de los migrantes. En particular, la colaboración en la política Quédate en México, mediante la cual el gobierno mexicano ha accedido a aceptar migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos sin ofrecerles la debida protección a sus derechos humanos. A la fecha se han registrado más de 340 casos de secuestro, violación y tortura como consecuencia de esta medida y, de nuevo, las mujeres se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad.

Estos son tan sólo algunos ejemplos en los que el gobierno ha tomado decisiones que, al no contemplar la dimensión de género de los fenómenos sociales y las políticas públicas, terminan afectando desproporcionadamente a las mujeres y principalmente a las menos favorecidas. Por negligencia y por omisión, pero principalmente por incompetencia e improvisación, este gobierno se está convirtiendo en un gobierno contra las mujeres.

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