A consecuencia del operativo de vigilancia llevado a cabo por la Policía de la Guardia Nacional en la ciudad de Culiacán en el que se detuviera a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín (el Chapo) Guzmán, en ejecución de una orden de extradición pedida por Estados Unidos, y de que Andrés Manuel López Obrador otorgara su beneplácito para liberarlo en aras de contener la violencia desatada contra la población y las vías de comunicación de aquella ciudad, frente a la opinión autorizada de que los ataques superaban en poderío a las fuerzas del gobierno; la acusación de Acción Nacional de exigir responsabilidad al presidente de la República por incumplir con sus obligaciones de ejecutar la ley y las demás respuestas institucionales dadas por los alcaldes para obtener mayores ingresos del Presupuesto Público, no puede más que considerarse en el contexto de que las relaciones de los problemas de la defensa nacional con los de la economía se encuentran en constante transformación y de que en la vida de México, la falta de energía de los políticos profesionales los hace constreñirse -a la inversa de lo que exige toda sana acción gubernamental- a ajustar sus opciones a los medios militares y policíacos.
Entre nosotros, no puede pasarse inadvertido que Gustavo Díaz Ordaz se quejaba de las traiciones en el interior de su Gabinete y responsabilizaba a Emilio Martínez Manotú
(Secretaría de la Presidencia) del movimiento médico en contra del gobierno, hasta que en 1968 la conmemoración del Aniversario de la Revolución cubana dio origen a la represión sistemática hasta que el dos de octubre se utilizaron a las fuerzas del Estado Mayor Presidencial para masacrar a los estudiantes del Poli y de la UANM que se reunieron para exigir respeto por la autonomía de las instituciones de educación superior y castigo a los responsables de las vejaciones, mientras Alfonso Martínez Domínguez desde la Cámara de Diputados se desangraba con la filosofía institucional. Sin olvidar que, recientemente, el amasiato del pluralismo se extravió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y su nerviosismo confundió el secuestro de unidades foráneas realizado por los normalistas de Ayotzinapa, en son de conmemorar el aniversario de los caídos en Tlatelolco, con el rescate de esas mismas unidades que habían regresado de Estados Unidos con extraños envoltorios guardados en sus cajuelas, bajo la vigilancia de la Central camionera de Chilpancingo.

Evidentemente, entre las razones que justificaron la creación de la Guardia Nacional fue el compromiso de respetar y dejar a salvaguarda los derechos humanos relativos a la sujeción con que respondería la acción policíaca, más diestra para enfrentar el trasiego de armamentos, la acción internacional de la delincuencia y la creación artificial de personas colectivas, o ficticias, para ocultar el lavado de dinero y los depósitos bancarios internacionales.

La verdad es que ante el incidente de la liberación del Chapito Guzmán, la guerra entablada no forma parte de un todo en el que converge la política. En realidad, esto se genera al lado de una oposición política que fue aniquilada después de las elecciones y la acusación inconsistente de Acción Nacional para exigir responsabilidad a Andrés Manuel López Obrador por la liberación de Ovidio Guzmán , después de haberse dado a conocer la relación de los hechos, solo refleja una extraordinaria confusión permanente entre la definición de una política de seguridad, en el marco de una gama basta de concepciones estratégicas, y las técnicas propias de las operaciones militares, a las que la capacidad de la simulación de Acción Nacional y de la oposición derrotada, se constituyen a sí mismas con el poder que quieren y al amparo de partidos facciosos en su beneficio exclusivo, y no del interés de la mayoría.
El problema que crea esta irresponsabilidad es que las fuerzas policíacas ven crecer en su contra el desprecio popular e inmediatamente se replantea la contradicción entre el consenso político que finalmente asume decisiones y el instrumento de fuerza de que se dispone. Por esta razón, las fuerzas del Ejército mexicano hasta el final se opusieron a intervenir en cuestiones de aparente seguridad interna, aunque realmente pusieran en peligro la soberanía y la defensa de las fronteras, hasta en tanto no se les brindara un marco institucional de su intervención en las cuestiones de aparente seguridad nacional, de las que a veces ni se sospecha responden a una amenaza.
Contra el parecer de los grupos facciosos al frente de los partidos, convendrá recordar a Acción Nacional y a su grupo de alcaldes que han venido a la función pública a hacer negocios, que Club Jean Moulin anticipa: “…A la guerra subversiva permanente responde una defensa constante, sobre todo en el plano psicológico y social. Psicológicamente, la defensa es la educación de la nación. La defensa contra la guerra subversiva debe, tanto por razones financieras, ser confiada a tropas salidas del contingente y de las reservas. Una especie de guerra civil extendida a todo el territorio, impone una organización omnipresente, capaz de oponerse al desorden y de dominar la situación. (…) Se advierte así que las disposiciones de orden militar no son en ningún caso, toda la defensa; que la fuerza de disuasión se halla también constituida por el armamento económico del país, su equipo de producción y su investigación, la eficacia de su aparato administrativo, la elevación del nivel de vida, y las garantías de una estabilidad social fundada en la justicia” (El Estado y el ciudadano. Trad. del francés por Luis Hernández Alfonso. Ed. Aguilar, Valencia, 1967; p. 271).