Con las nuevas leyes secundarias en materia educativa, Morena, su gobierno y sus aliados en la Cámara de Diputados, evidenciaron que no tienen ni pudor, ni temor, por violar la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir. ¿Pues no que "al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie"?

En el caso de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, votamos en contra de una norma confusa e incompleta, cuyas omisiones podrían esconder la franca intención de servirse desde el gobierno con la cuchara grande de la discrecionalidad, para crear disposiciones, criterios, lineamientos y, ¿por qué no? hasta memorándums que regulen los procesos de selección, admisión, promoción y reconocimiento de los docentes.

El problema es que se trata de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión que no puede ni debe delegarse a la Secretaría de Educación Pública. La discusión de esta reforma ha puesto el foco en la injerencia que podría tener la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero las indefiniciones en la norma, abren la puerta para que la administración pública federal cometa excesos contra los derechos laborales de maestras y maestros.

Tras una larga discusión, la bancada del presidente López Obrador se negó a corregir la ley naciente para evitar la opacidad en dichos procesos y fue incapaz de precisar por qué estableció "procesos de valoración de las habilidades socioemocionales de los docentes y elementos multifactoriales", sin definir los criterios máximos o mínimos a considerar y sin vincularlos con la ley del nuevo organismo para la Mejora Continua.

Argumentaron siempre que la ley reconoce al magisterio, aunque no definieron la duración de los beneficios del programa para la promoción, que se dará "mediante acuerdos y por cada nivel educativo": otro motivo de incertidumbre para los maestros.

Incorporaron la posibilidad de promociones verticales y horizontales sin considerar mecanismos claros de participación y para mantener la promoción de una plaza, dejaron en la ley la exigencia del cumplimiento de los "requisitos que establezca el Programa".

Contravinieron además la reforma constitucional al dar prioridad a los egresados de Escuelas Normales en los procesos de admisión e ignorando el mandato legal de hacerlo a través de procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

Y ni qué decir del principio de imparcialidad, ignorado al permitir la participación de autoridades educativas locales y de representaciones sindicales en el proceso público de revisión de resultados y de los procesos de cambios de adscripción, que seguirán en la opacidad.

Por su trascendencia social, la función docente merece ser ejercida con reglas claras, transparentes y absoluto respeto. Hoy Morena, su gobierno y sus aliados, en un franco retroceso y violando la Carta Magna, pagan favores políticos afectando la certeza de los derechos laborales del magisterio y, consecuentemente, la calidad de la educación que reciben la niñez y la juventud mexicanas.

Twitter: @AnaLiliaHerrera