La percepción de inseguridad es el mayor detonante del estrés y zozobra para el ser humano. Por el contrario, la sensación de seguridad es el mejor estado de bienestar y gozo. Así ha sido para la humanidad a lo largo de su historia, desde el hombre de las cavernas hasta nuestros días. De ahí las reacciones ancestrales e instintivas de miedo ante situaciones como, por ejemplo, la oscuridad, lo desconocido y el peligro en general.

En nuestra sociedad actual, particularmente en la realidad que vivimos, el miedo colectivo ha llegado a niveles de toxicidad emocional que alteran nuestra conducta diaria, conducta que, lamentablemente, se mimetiza más con la violencia en nuestro rededor. La ansiedad que produce el miedo y las reacciones violentas van de la mano en nuestra configuración mental y somática.

Esta situación constituye un área de “oportunidad” dentro de nuestro sistema de gobierno. Las encuestas y sondeos de opinión que se hacen con motivo de los procesos electorales o la marcha de los gobiernos, dan cuenta constante de ello, la seguridad no deja nunca de estar en los primeros aspectos de preocupación en lo que los encuestadores llaman el “top of mind” ciudadano.

Según las últimas cifras del INEGI respecto a victimización y percepción de seguridad, el 75 por ciento de los nuevoleoneses, tres de cada cuatro habitantes, considera como su mayor problema la inseguridad, muy por encima de otros factores como corrupción o carestía de precios.

Quien tenga alguna aspiración de liderazgo o gobernanza sabe que la seguridad juega un rol preponderante en su agenda personal para conquistar a su potencial electorado.

Ahora que los alcaldes metropolitanos están rindiendo sus informes podemos percatarnos claramente que la seguridad es el aspecto más importante de su “mercadotecnia” política. Sobre todo aquellos que tienen aspiraciones personales, tangibles y realistas, para ocupar espacios en las boletas electorales del 2021, ya sea como reelección o buscando un nuevo cargo.

Aunque con estrategias diversas en cada municipio, todos los alcaldes persiguen el mismo objetivo: que el ciudadano los vea como el adalid de la seguridad y la tranquilidad de sus familias.

En Escobedo, por ejemplo, la alcaldesa Clara Luz Flores sabe que su ascenso electoral está directamente vinculado a sus estrategias de seguridad, cuyo cimiento principal es la llamada policía de proximidad que importó y que ahora ella misma “exporta” hacia otras partes del país, estrategia conjugada ahora con una modalidad y variante como es la prevención de la violencia contra la mujer, tema altamente sensible en la sociedad que, mediante la denominada Puerta Violeta, le ha permitido escalar a los primeros planos de la política nacional, específicamente en el área de seguridad, además de ocupar ya escaparates internacionales.

El caso de Monterrey también es ilustrativo. Adrián de la Garza sabe que en su aspiración por la gubernatura –natural siempre en todo gobernante de la capital- tiene que subir su apuesta en la partida. Sacó su resto y lo puso sobre la mesa en una jugada que puede, para algunos, ser temeraria, pues demandar el control total de la policía de todo el territorio de Monterrey no es cualquier cosa. Las zonas más conflictivas de la ciudad, como son la norte, la sur y la norponiente, que están ahora en manos del estado, se caracterizan porque, en ellas, un día corre la sangre.. y al otro también. El alcalde se está jugando el todo por el todo, confiado en su experiencia como policía, más que como político. Seguramente logrará el mando total policiaco, pues el gobierno estatal no está en condiciones de regatear nada en estos momentos, sobre todo cuando el titular del Poder Ejecutivo tiene sobre su cabeza la espada de Damocles, recién y finamente afilada por un tribunal electoral.

En Guadalupe, el informe de Cristina Díaz también resalta el uso de tecnología vanguardista y los recursos humanos y financieros aplicados con ese objetivo. En Apodaca, César Garza complementa su policía preventiva con un “ejército” paralelo de vigilantes ciudadanos, además de que como vocero y líder de alcaldes priistas en el país, su primer grito de guerra es contra la 4T por la pretendida reducción de recursos presupuestales directos para seguridad a los municipios.

Miguel Treviño en San Pedro, con sus videos peliculescos, no deja de presumir la depuración que hizo de la corporación policiaca que presuntamente le dejó “contaminada” su antecesor y de señalar la percepción de seguridad entre los sampetrinos, aunque los delitos de carácter patrimonial siguen ocupando espacios informativos.

San Nicolás, con un gobierno cuyo fin único es el control político y, por ende, el electoral, sólo requiere “administrar” sus esfuerzos en materia de seguridad. Zeferino Salgado sabe que el destino lo tiene al alcance de su mano con la reelección y, al menos por ahora, no tiene pretensiones electorales personales que trasciendan el territorio nicolaíta.

Casos especiales son Santiago y Juárez, cuyos alcaldes Javier Caballero y Heriberto Treviño ya fueron reelectos y que, al menos aparentemente, no tendrían mayor aspiración electoral que terminar sus mandatos y maniobrar por lo que toca a la identidad de sus sucesores, por lo que no dejan de hacer su esfuerzo en aras de la seguridad pública, aunque no puede dejar de mencionarse el caso de Juárez, donde el Estado tuvo que entrar de manera emergente para poner orden policiaco en el municipio, situación que prevalece y que los juarenses confían termine pronto.

Queda claro entonces que en tanto no gocemos de tranquilidad en nuestra ciudad, estado y país, el discurso político y la mercadotecnia estarán abigarrados por promesas y conceptos de seguridad.

Si bien no pretendemos una seguridad de niveles escandinavos, tampoco queremos pasar por los estresantes episodios de hace una década cuando la delincuencia tomó de facto el control de las calles de Nuevo León y sus instituciones.