Más allá del discurso –sermón dirían los fifís- de las conferencias de prensa mañaneras, el gobierno de la 4T tiene la oportunidad de demostrar que, como lo pregonan, la separación entre el poder económico y el poder político es real, o al menos sea más evidente y clara que la resultante de las confrontaciones por el aeropuerto de Texcoco y por los gasoductos. Y es que en este último caso si bien hubo algunos golpes contundentes, éstos se intercalaron con algunas fintas sobre la in-humanidad de las compañías trasnacionales que, a decir de Manuel Bartlett, estaban sangrando las finanzas nacionales con cobros moralmente injustificados, cuando los susodichos tubitos no transportaban ni aire, cuantimás gas. Como que les tembló la mano para asestar el golpe final, o bien, optaron a medias por el sabio consejo que dice: más vale un mal arreglo que un buen pleito.

La oportunidad que ahora se presenta es por el frente de batalla que acaba de abrirse con la industria de alimentos y bebidas, en connivencia con las grandes tiendas comerciales que distribuyen lo que se conoce como alimentos “chatarra”.

La batalla -a muerte en términos literales, pues, o “muere” parte de la industria por disminución en sus ventas, o bien, siguen muriendo miles y miles de mexicanos gracias a la obesidad y las letales enfermedades que trae consigo- tiene como campo de batalla el Palacio Legislativo de San Lázaro, con algunas luchas preliminares en el Senado de Paseo de la Reforma

El motivo es el etiquetado que, de prosperar la reforma, se impondría a los alimentos que se venden en los anaqueles y aparadores de las cadenas comerciales, a los que se les quiere incluir advertencias frontales respecto a los riesgos de sus contenidos para la salud, como ya se hace en algunos países sudamericanos que se sustrajeron al “control” de la industria alimentaria mundial, el primero de ellos Chile.

En San Lázaro, la reforma ya se aprobó en la Comisión de Salud cuya presidencia tiene en sus manos la mayoría de Morena, aunque se supo por ahí que algunos diputados de la 4T se estaban medio pandeando y además que, de plano, dos diputados del PAN por lo pronto se abstuvieron, algo que hasta cierto punto es comprensible si tomamos en cuenta los orígenes y convicciones albiazules, siempre muy ligados a los intereses económicos de los empresarios, algunos de éstos muy buenos y socialmente ejemplares, otros no tanto… otros que son todo lo contrario.

¿Qué pasa en estos casos cuando se discuten reformas a leyes que van a impactar directamente a grupos de interés económico, ya sean regulaciones o un ajuste impositivos? Flujo monetario en el inframundo. Algo que no es de asustarse, pues sucede en muchas partes del mundo, incluso con nuestros vecinos del norte donde las grandes trasnacionales alimenticias, farmacéuticas, armamentistas y energéticas financian abiertamente a los congresistas. Aquí, los pasillos de San Lázaro y del Senado se llenan de cabilderos de múltiples agencias de relaciones públicas y empieza a correr el dinero entre las curules y los escaños.

La fuerza de la corriente monetaria, contante y sonante, es tanta que muchos “sucumben”, no llegan al otro lado para concretar la iniciativa y convertirla en ley, prefieren dar marcha atrás y asegurarse algunos años de vida tranquila, sin preocupación económica, cobijados siempre en el semi-anonimato que significa un voto entre 500 o entre 128.

Las grandes empresas trasnacionales y las nacionales, así como las cadenas comerciales, apoyados incluso por la industria farmacéutica –sin enfermos no hay negocio para las medicinas-, ya tienen amplia experiencia cuando a los diputados y senadores se les ocurre que es necesario proteger la salud de los consumidores, pues en 2010 y 2014 acabaron por “boicotear” en la práctica reformas que pretendieron restringir el consumo de comida chatarra en las escuelas, sitios que, hoy por hoy, siguen siendo una línea de producción de futuros enfermos, con el consecuente costo para el sistema de salud.

Los cabilderos que pululan en esas esferas de poder traen sus “cañones” cargados y no escatiman recursos cuando de defender los intereses de sus empleadores se trata. Esperemos que los legisladores, azules, rojos, verdes y de todos colores, aguanten estoicos y no hagan cierta la célebre sentencia obregonista de que nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos (a valores actuales claro).

Por lo que toca al Poder Ejecutivo, al menos por ahora en la Secretaría de Salud, y particularmente en voz del subsecretario Hugo López, se han mantenido firmes, sin rajarse, con la aparente consigna de llevar a cabo la reforma hasta sus últimas consecuencias y proteger así a los consumidores.

No obstante, no deja de llamar la atención que el pataleo de las grandes empresas y los flirteos de sus cabilderos lograron ya que el tema escalase para llegar a la oficina de la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Interesante será saber qué resulta de la incorporación del área política gubernamental en la mesa de negociación a la que están forzando las grandes empresas, antes de que concluya el trámite legislativo y los cambios respectivos en la Norma Oficial Mexicana.

Interpelaciones…

¿Qué hay de fondo en la renuncia de la diputada Claudia Tapia a la fracción morenista del Congreso local?

¿Alguien duda de la capacidad operativa del coordinador del GLPRI que a puros pellizcos se está comiendo a todas las fracciones minoritarias?

¿Qué efecto tuvo la expresión vía twitter que hizo Heriberto Treviño, cuando lo más jugoso de su trayectoria política se la debe al Grupo Allende?

¿A qué grupo le urge más la renovación en la dirigencia del PRI estatal y quién tiene la sartén por el mango en el Consejo Político? ¿Habrá elección con voto de militantes?

¿El próximo dirigente, más pronto o más tarde, saldrá del sector popular que encabeza Carlos Barona?

¿La designación de Víctor Pérez como delegado del CEN en la zona Norte y Pacífico lo pone en otro nivel respecto a Chefo y Raúl?