El Estado o el status de convivencia creado por los hombres “…no puede esperar una obediencia forzosa a sus imperativos cuando el espíritu de éstos no parece justo a aquellos a quienes han de ser impuestos. Se ha dicho que esta teoría separa la ley de la justicia, Separa, en verdad, la una de la otra; pero sólo de la misma manera que las separamos en la vida. Cuando decimos que una ley es injusta, admitimos que no hay la conexión necesaria entre las dos; el puente lo tienden los efectos de la ley, que se transforma en justa cuando es reconocida como tal por aquellos a quienes se aplica. La ley, en una palabra, una vez hecha, es por sí misma neutral; su calidad de justa es atribuida por aquellos que sienten sus efectos. Siendo misión de la ley satisfacer la demanda, ha de depender, para su conversión en atributo moral, del éxito logrado en el cumplimiento de su función. Y esto sólo puede saberse cuando aquellos a quienes alcanza informan del resultado de su acción” (Harold J. Laski. Introducción a la política. Ediciones siglo XX. Buenos Aires, 1970, pp. 64-65).

En un artículo de Ricardo Monreal, el cual apoya en datos suministrados por Branko Milanovic, dentro de un estudio realizado para el Banco Mundial, destaca Monreal que: “…uno de los indicadores que describen el impacto del crecimiento del Producto Interno Bruto en la calidad de vida de las personas, resulta del valor de toda la producción en un año dividido arbitrariamente entre el número de personas que viven en país, “lo que equivale y da el PIB per cápita. “En México, por ejemplo, el ingreso anual de los trabajadores, según este indicador, es de 8,900 dólares estadounidenses
-aproximadamente 180,000,00 pesos mexicanos- cifra que no refleja la situación real de la población ; de hecho, la mayoría recibe ingresos anuales más bajos, debido a que los ingresos en nuestra nación se distribuye de manera inequitativa…estos números confirman que es posible tener crecimiento sin que mejoren las condiciones de la población de manera equitativa. Por tanto, hablar de desarrollo, como lo indica Amartya Sen, implica ampliar el campo de análisis y no enfocarse solamente en el desarrollo del PIB, sino en el conjunto de los factores de ahorro, el consumo y la inversión que permiten incrementar el bienestar de las personas y su libertad para ejercer todos su derechos” (Cfr. El Porvenir de Monterrey jueves 28 de agosto de 2019).

Lo que hay que destacar, no es tanto la aportación doctrinal señalada por Ricardo Monreal, porque al final de cuentas, aunque el gasto público realizado por el gobierno no tuvo como destinatario invertir en obras y servicios públicos para favorecer las condiciones de vida de la población, mediante los efectos de la manifestación sus externalidades Y de manera indirecta, mediante el empleo de trabajadores parados, sino porque con propósito distinto, la reorientación del gasto del gobierno -durante las gestiones anteriores- fue dispuesto para incorporar a la burocracia de los grandes corporativos particulares a la nómina pública y luego con el fin de salvar de la quiebra a la banca privatizada por pretender salvar el prestigio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, negado a devaluar hacia fines del gobierno, anegado en una mal administración y los crímenes políticos para buscar dos años más de gobierno, sin calcular los efectos de la devaluación del peso mexicano en un cien por ciento que sacó del mercado los préstamos contratados por la banca sobre un interés cambiable, ni corresponder después el monto de las garantías al valor de lo prestado, hasta que finalmente los representante del pueblo congregados en el pluripartidismo convirtieron los créditos irrecuperables de la banca en deuda pública.

Aun cuando la corriente dominante osciló entre la que pretendía arrebatarle al gasto público cualquier papel dinámico, para favorecer el malbaratamiento y la privatización de los negocios públicos, so pretexto de inyectar recursos nuevos provenientes de la inversión privada internacional, la solución dada por Salinas no respondió a la realidad de aquel momento, porque el producto de los Tesobonos que había que restituir en lo inmediato, no se ajustaban a la forma prevista por la teoría clásica, como se demostró durante la Gran depresión, y en nuestro caso, no obstante que los negocios de la banca privatizada fueron un verdadero fisco por la falta de previsión hacendaria para anticiparse a los movimientos especulativos, que ofrecen los mayores tipos de interés y se dan, a lado de las devaluaciones por la pérdida de valor en el tipo de cambio con otras monedas.

Y no obstante, además de que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo en las nóminas del gobierno a los más altos contribuyentes, favoreciéndoles incluso con la exención de impuestos, sin perseguir a nadie por el uso de facturas falsas reembolsables en la devolución de contribuciones, a cambio de lo cual Enrique Peña Nieto obtuvo de su parte una fuente de legitimidad en que el gobierno concluyó contratos leoninos por cuenta de la nación y la administración de Pemex, por separado, pasó inadvertido la instalación de cerca de 3,000 bombas en el ramal de distribución de gasolinas para robar el combustible, al borde de que a principios de la administración de López Obrador no contaba siquiera con una mediana producción para el consumo interno, contando con una inmensa carga para el mantenimiento de Petróleos Mexicanos.

Finalmente nos dimos cuenta que la cantidad de dinero utilizada por el gobierno no tiene por qué ser la causa de la inestabilidad que acompaña a las crisis y que a pesar de que al país se le dejó sin recursos para financiar su costo, acompañado de la recomendación de Luis Videgaray de financiar el futuro con más endeudamiento, sobre la base de la corrupción , pero al final nos muestra que la manipulación de un gobierno honesto es capaz de evitar tanto la desocupación como la inestabilidad cambiaria, puesto que el rescate de la banca privatizada hundida en los turbios negocios del Instituto Nacional Bancario de Protección al Ahorro autorizado por el Legislativo y el sistema de partidos, ha pasado a ser demanda agregada, representada por la capacidad de compra que da al consumo la exención de impuestos, la de los bienes de inversión y el gasto del gobierno, sin que se hubiese puesto en duda el sistema de las últimas décadas. Razón por la que no hay por qué dudar de que los recursos de 2,550 pesos bimestrales que se dan a 9 millones de adultos mayores y otra superior para la capacitación de aprendices y asistencia al campo, no deban considerarse como consumo de la población.