En derredor del pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador de que su ascenso al gobierno es fruto de la aspiración popular y de su identificación con la propuesta sometida a escrutinio de una cuarta transformación, con base en el destierro de la corrupción y la lucha contra la impunidad, al lado de la reforma educativa dejada sin efecto y que fuera diseñada en el extranjero, aunado a su confrontación con el liberalismo de sus adversarios derrotados en las elecciones, es que adquiere importancia lo expuesto por Olga Sánchez Cordero (Sría. de Gobernación), acerca de regular el consumo de la cannabis porque eso responde a los principios del libre desarrollo de la personalidad humana y al respeto de los derechos humanos de quienes han sido condenados por rebasar mínimamente los límites de su posesión para consumo personal.

El centro de las dificultades es expansivo cuando el Estado lo regula, y difícil de calcular en sus consecuencias, por la descomposición social que solo puede compararse con el comportamiento de una animal salvaje, enjaulado sin alimentar por parte de los responsables del zoológico. Imaginémonos a Estados Unidos sin el abasto seguro de drogas, al margen de que su pueblo es incapaz de revelarse a las comodidades que ofrece el sistema, sobre todo a los que gustan de los placeres que tienen los hombres de éxito. En realidad, es sumamente peligroso atribuirse arrastrar el lápiz y decir que cuenta con beneplácito de López Obrador confirmado en el Plan Nacional de Desarrollo, justificando, además, que se ha analizado el beneficio económico y cultural con Carlos Urzúa y con José Ramón de la Fuente, haciéndole ver al primero el aumento de la recaudación de un negocio manejado por los narcotraficantes, y al segundo que con esos recursos se pueden atender las cuestiones de salud mental de quienes la consumen después de los 30 años, cuando ella estima que la legalización solo debe prohibirse a los menores de edad.

El problema es que este triunfalismo de Olga Sánchez Cordero se da en medio de un ambiente de criterios jurisprudenciales por los que ha llegado a cambiarse la Constitución, entre los que pueden destacarse el mismo libre desenvolvimiento de la personalidad humana aducido para el consumo de la marihuana y en cual se justifica el divorcio exprés que sacude la estabilidad del matrimonio y la estabilidad de la familia; así como el embargo del salario (que es inembargable), para garantizar deudas de los comerciantes, las sub contrataciones off shore de los trabajadores para evadir la responsabilidad patronal solidaria, y el hecho de que el particular carece de derecho para demandar la responsabilidad del servidor público por incumplimiento de sus obligaciones, y menos, para que la decisión sea en cierto sentido. Al lado de estas circunstancias, podemos ya imaginar el desenlace de regular el consumo de la marihuana cuando, en realidad, se producen profundos cambios derivados de la simple falta de ejercicio de las competencias de los órganos del Estado, y entre ellas, la negación de la sanción de la ley y el derecho del veto real del quien sea el presidente de la República.

A este respecto, escribe Pablo Lucas Verdú, citando a George Jellineck: “el derecho jamás alcanza la extensión bastante para solucionar los profundos conflictos entre poderes dentro del Estado. Concebir el sistema de derecho público como un todo cerrado y creer que puede hallarse una solución para cada caso, no es otra cosa que valerse de una analogía tomada de otras partes, y que en este caso necesita ser absolutamente rechazada”. Que no nos quede duda, esto es sólo el principio de muchas más agresiones, aún sin precisar.

Volviendo al texto de Pablo Lucas Verdú: “Las lagunas constitucionales pueden manifestarse tras largo tiempo y no pueden colmarse con los medios convencionales de la interpretación y la analogía. En consecuencia, el desenvolvimiento imprevisto de tales lagunas puede producir una mutación constitucional en tanto la situación fáctica lleva a un reconocimiento del derecho consuetudinario atribuyéndole significación normal” -como lo ha hecho Olga Sánchez Cordero con la petición del gobernador de Guerrero para regular el cultivo y la comercialización de la amapola. “Por lo general el reconocimiento de lagunas constitucionales es un asunto del poder legislativo puesto que la reforma de la Constitución es la vía más segura para satisfacerlas plenamente. Pero no se está exento de una oligarquía partidaria que sustituye verdaderamente a la democracia, tal y como lo dijera después Harold Laski, que: “las fuerzas políticas reales operan según sus propias leyes y actúan independientemente de cualquier forma jurídica, que incluso nunca revelan” (Cfr. Prólogo de Pablo Lucas Verdú a la obra de George Jellineck. Reforma y mutación de la Constitución. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España).

Por lo demás, Olga Sánchez Cordero carece del conocimiento y de la experiencia para hablar de las cuestiones de la farmacodependencia que nace de la cultura de la esquina en protesta de la primera autoridad que se da en el barrio y de los fuertes estímulos placenteros que sólo pueden financiarse a la sombra, primero del robo, y luego con el patrocinio de la delincuencia organizada, sin descuidar que para cuando esto ocurre el organismo de personas no de dieciocho años, sino mayores hasta los treinta años; como lo ha explicado el ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ramón de la Fuente (y actual Representante de México ante la las Naciones Unidas), cuando dice que para ese momento el consumo de las drogas ya alteró la composición química de la sangre que hace al enfermo tener alucinaciones, escuchar sonidos inexistentes y deformar la realidad que acentúan enfermedades como la esquizofrenia y la paranoia.

Lo anterior deja muchas dudas sobre el encargo hecho por Andrés Manuel López Obrador a su secretaria de Gobernación para revisar la composición de todos los tribunales en México; en particular los de Jalisco y de Nuevo León, el primero por estar ligado al Grupo Jalisco siempre incrustado al gobierno central durante la etapa del partido único hasta los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, rivalizando éste con el poder Judicial Federal. Y en el caso de Nuevo León, mediatizado por burócratas del mismo Tribunal que lograron consensuar cuatro ternas entre las que el Congreso habrá de escoger para la sustitución de cuatro magistrados en retiro por la edad.