Estamos en un nuevo año y como todo inicio, representa nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Hoy me quiero referir a los potenciales retos para nuestro país con respecto a tres poblaciones objetivo de la agenda humanitaria: migrantes, refugiados y desplazados.

México es país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes y en diciembre de 2018 se comprometió con la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Éste es muy significativo porque transita de un paradigma centrado en la seguridad de las fronteras hacia uno enfocado en la seguridad para la vida y los derechos de las personas.

Aunque no es jurídicamente vinculante, el Pacto sí implica un compromiso político importante para los países que lo suscriben y les demanda mayor cooperación para una gestión migratoria más efectiva y solidaria. Quizá es por ello que Estados Unidos fue el único país que siendo miembro activo de la ONU se rehusó a adoptarlo por ser incongruente con su política migratoria que, desde el 2017, se endureció respecto a la protección de sus fronteras y el otorgamiento de visas; aumentó las repatriaciones y comenzó a remover programas de protección temporal, por mencionar algunos cambios.

Bajo estas condiciones, para México será un reto cumplir con ciertos objetivos establecidos en el Pacto, por ejemplo: el gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada; emprender iniciativas coordinadas sobre migrantes desaparecidos; aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, o reducir las vulnerabilidades en la migración. El desafío se percibe aún mayor si se toma en cuenta que por el corredor México-Estados Unidos transitan 12, 638, 066 personas al año, muchas de forma irregular.

El nuevo paradigma en materia migratoria que se plasma en el Pacto Mundial, se fundamenta en el respeto y la protección a los derechos de los migrantes, el refugio es parte de estos. México es un país con tradición en dar asistencia a solicitantes de asilo político, refugio y otras necesidades de protección internacional. Esto se ha visto reflejado en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político que se publicó en 2011, donde por primera vez se incorporó una definición integral de refugiado en la legislación nacional y se integró la protección complementaria, lo que sugiere que en materia de legislación hemos tenido importantes avances, aunque también tenemos pendientes por hacer, como incorporar mecanismos de protección a personas provenientes por causas de migración forzada.

En adición de los pendientes legislativos, también están los administrativos para dar el seguimiento a las solicitudes de refugio que han aumentado de manera importante en los últimos años. Con base en los datos del Anuario de Migración y Remesas México 2018, en 2017 se presentó un incremento con respecto al anterior del 66% en las solicitudes de refugio —superando las 14 mil— y 7 de cada de 10 solicitantes concluyeron su trámite. Esto sin duda será un reto considerando que, como lo apuntaron estimaciones de ACNUR, se espera que para el 2019 las solicitudes de refugio lleguen a 47 mil.

La atención humanitaria no es exclusiva para aquellos que salen o ingresan a través de las fronteras del país. Al interior también hay migración, hay desplazamiento y este último merece atención. Hasta el momento, en México las cifras de desplazamiento forzado al interior sólo han sido estimadas por la CNDH y por Organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo con las cuales, aproximadamente 310, 527 personas se vieron obligadas a desplazarse entre 2009 y 2017 a causa de la violencia principalmente, aunque igualmente se registraron eventos causados por conflictos territoriales, religiosos o políticos. La atención al desplazamiento forzado al interior de nuestro país es una deuda y sin duda también representa un reto más en la agenda humanitaria de este 2019.