¿Qué habría pasado si en el 2009, cuando la violencia escalaba a niveles altísimos, el número de víctimas crecía de manera exorbitante y el narcotráfico se le salía de las manos a Felipe Calderón, nos hubieran preguntado en una consulta ciudadana si continuaba en el cargo? Seguramente una mayoría arrasadora se habría manifestado porque no cumplió con su promesa de campaña de ser el presidente del empleo, sino uno que trataba de legitimarse con una guerra contra el crimen organizado.

Y de haber existido la revocación de mandato en 2015, ¿qué habría sido de Peña Nieto cuando su primer trienio evidenciaba la ingobernabilidad del país, los efectos negativos de las "reformas estructurales", sobre todo, los inaceptables casos de corrupción? Es muy probable que una mayoría ciudadana hubiera votado en contra de esa continuidad después de conocer las maniobras del Pacto por México, la Casa Blanca y las corruptelas con OHL, entre muchos otros.
En ambos escenarios, contar con la figura de revocación de mandato habría sido útil, pertinente y sobre todo, sano para nuestra democracia. Pero contrariamente, se tergiversó la idea del Estado de Derecho y la fragilidad institucional causó un daño evidente a la administración pública que hoy seguimos arrastrando.

En el pasado, los presidentes tuvieron talones de Aquiles que no quisieron atender, confiados en la continuidad que aseguraba estar 6 años ininterrumpidos en el cargo sin obligarse a rendir cuentas en serio, descansados en seguir calentando la silla presidencial y cuidar de camarillas, pues finalmente para los temas espinosos siempre hubo un show mediático, la impunidad y el olvido.

En esta última semana de noviembre en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobamos en lo general el Dictamen que reforma la Constitución Política para introducir la figura de revocación de mandato y también modificar la consulta popular. Con la finalidad de que la revocación de mandato pueda consultarse el día de la jornada electoral federal en que sólo se eligen diputados federales y las consultas populares puedan llevarse a cabo una vez al año el primer domingo de julio.

Esta introducción de la figura de revocación de mandato tiene una importancia sin precedentes porque el presidente deja de ser una figura intocable y podrá evaluarse si continúa en el cargo o se va en su primer trienio. Pudiendo ser convocada tanto por el Congreso de la Unión, activada por el presidente de la República, o por una minoría parlamentaria del 33 por ciento, o al menos el 3 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Estas reformas por parte del Legislativo al artículo 35 constitucional, por primera vez en la historia eliminan cualquier rastro de laxitud política hacia el presidente de la República, porque someten al Ejecutivo a la exigencia ciudadana sin asegurar seis años en el cargo, pudiendo ser vinculante cuando haya mayoría absoluta siempre y cuando concurran a esa votación al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Y por otro lado, la figura de consulta ciudadana se formaliza como instrumento para resolver controversias nacionales vía la decisión popular que no tuvimos en tiempos de la consulta energética, pero su relevancia estriba en que esta vez sí se abren las puertas de la consulta a la ciudadanía y no sólo a los poderes públicos, al establecer el 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal como requisito para convocarla.

Es innegable que vivimos un periodo de transición que requiere de muchos cambios y en el Legislativo no queremos dejar pasar la oportunidad de brindar certeza al ciudadano, pero sobre todo ser consecuentes con las experiencias que nos dejó el pasado. Mejorar y ampliar las figuras de democracia directa son un trabajo del Legislativo, pero, sin duda, la mayor prueba de fuego, su aplicación, la asumirá el próximo gobierno federal con mucha valentía y disposición.