El pasado 09 de noviembre entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León.

Esta ley, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de mayo pasado, contempla instrumentos como la consulta ciudadana y popular, la iniciativa pública, la audiencia pública, el presupuesto participativo, la contraloría social y la revocación de mandato aplicable al Ejecutivo del Estado, a los presidentes municipales y a los diputados locales.

Qué chulada. Por vez primera los ciudadanos podrán premiar o castigar a aquellos a quien dieron su confianza en las urnas.

También le confiere al ciudadano organizado en asambleas o juntas de vecinos, el poder definir el proyecto, obra o programa con cargo al presupuesto municipal que requiere para su calle o su colonia. Ya no todo queda a discreción del gobernante en turno.

Pero no corramos, que apenas empezamos a gatear. Es cierto que esta ley empodera al ciudadano, pero para que cualquiera de estos instrumentos se lleven a cabo, como puede ser una iniciativa o consulta, se establecen una serie de requisitos que le den sustento y validez, donde interviene la Comisión Estatal Electoral en calidad de réferi, si me permite la expresión.

E insisto en no correr, porque si bien esta ley ya está en vigor, faltan unos “detallitos” antes de que todo el engranaje esté funcionando al cien por ciento y es ahí donde hay que aplicar una dosis de paciencia, amable lector.

Y es que a los poderes del Estado, del Congreso y de los Ayuntamientos, les empiezan a correr los 180 días de plazo fijados en los artículos transitorios del decreto 107 de la Ley de Participación Ciudadana, para hacer las adecuaciones necesarias en aquellas leyes y reglamentos a que haya lugar, así como a los proyectos de egresos del año fiscal siguiente a la entrada en vigor del decreto.

Ya la Comisión Estatal Electoral presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado para adecuarla al contenido de la ley en comento, especialmente en lo que se refiere a los mecanismos de consulta popular, en sus modalidades de plebiscito o referéndum y la revocación de mandato.

Quiero pensar que no habrá táctica dilatoria por parte de los involucrados.

Quisiera pensar que todo aquel interesado en la reelección tomará en cuenta que esta ley no sólo puede frenar sus aspiraciones de un segundo periodo sino que también podría terminar de manera anticipada su ejercicio, si el ciudadano ve que no es lo que esperaba.

Quiero pensar que gradualmente los vecinos tendrán, si lo desean, una plaza, mejores calles o un nuevo drenaje pluvial si ven que es lo que más urge en su sector.

Quiero pensar que sin un real sustento, ni los diputados pedirán un aumento a su presupuesto ni el Bronco pedirá dar marcha atrás al retiro gradual de la tenencia, ya que todo lo que hagan y digan será usado en su contra por el ciudadano.

Pues bien, ciudadano, ahora el poder es todo tuyo, mío, de aquel y del otro. Todos, de manera organizada, tenemos en nuestras manos el decidir qué gobernantes queremos y lo que de ellos esperamos, premiarlos o castigarlos.

Confío que llegará el día en que el Legislativo Federal también promueva la revocación de mandato al Presidente de la República y me causa regocijo pensar que si ya estuviera en vigor, el actual inquilino de Los Pinos estaría de vuelta en su casa.

Insisto, Nuevo León y México van cambiando y es para bien.

Comentarios: Nelly.cepedagzz@gmail.com