En las últimas décadas, a partir de la declaratoria presidencial de guerra contra el narcotráfico y crimen organizado del 11 diciembre del 2006, nuestro país sigue sufriendo una grave crisis de violencia e inseguridad.

La violencia e inseguridad es uno de nuestros problemas estructurales a nivel nacional y estatal, más aún cuando nuestras niñas, niños y adolescentes son los afectados en mayor medida y en forma directa por las situaciones de criminalidad, además porque sus derechos han sido vulnerados históricamente por su sola condición de edad y desarrollo.

En este contexto social que afecta negativamente el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia, agravado por la falta de justicia, reconocemos la labor de la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Nuevo León, pues gracias a su convocatoria a la III Cumbre #InfanciaSinViolencia sabemos de los esfuerzos para enfrentar el problema.

Es deplorable que en Nuevo León al menos 67 niñas fueron asesinadas entre 2008 y 2015, cifra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que debemos sumar 24 niños y niñas desaparecidos entre 2010 y 2016, de los cuales solo han sido localizados siete, seis de ellos con vida, según el registro de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Frente a estos hechos sólo con la unión de esfuerzos vamos a garantizar el derecho de la niñez a vivir libres de violencia y esto mucho depende de articular las acciones entre los niveles de gobierno y la sociedad civil.

Sin embargo, por más esfuerzos de los grupos de la sociedad civil para resolver uno de nuestros problemas estructurales, al Estado es al que le toca resolverlo, tal y como tiene la obligación de resolver el narcotráfico, crimen organizado, feminicidios, migración, violencia institucionalizada, violencia familiar, embarazos precoces, deserción escolar, estudiantes rechazados y jóvenes que no estudian ni trabajan por falta de oportunidades.

Es un problema que nos obliga a trabajar juntos con el mismo objetivo y, sobre todo, transitar del modelo asistencial desarticulado en las políticas públicas hacia un modelo de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyo paradigma es cumplir la Convención de los Derechos del Niño, aprobado por la ONU el 20 de noviembre de 1989, y todo el marco normativo federal y local sobre derechos infantiles.

La ruta ya está trazada por la Constitución en su Artículo 4, párrafo IX: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por ello, tanto la ley federal como la estatal sobre derechos de la niñez y la adolescencia, contemplan la creación del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual desde el 2015 coordina las políticas públicas destinadas a la infancia y adolescencia, así como los sistemas de protección en cada una de las 32 entidades y 2,461 municipios, al integrar todas las secretarías vinculadas con la infancia, tales como: salud, educación, desarrollo social, protección civil, así como organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado y las niñas, niños y adolescentes.

Esfuerzo que desde el 2016 logró la instalación del SIPINNA Estatal y los SIPINNA Municipales, cuyos Alcaldes lo presiden y suscriben Los 5 Compromisos por la Infancia y la Adolescencia, alineados con los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 1.- Fortalecer las instancias responsables de promover y garantizar sus derechos. 2.- Establecer mecanismos de participación de la sociedad civil. 3.- Incrementar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para promover y garantizar sus derechos. 4.- Promover y garantizar la participación efectiva y sistemática en todos los asuntos que les atañen y, 5.- Promover y garantizar el disfrute al más alto nivel posible de salud, protección contra todas las formas de violencia e impunidad, educación de calidad incluyente para todas y todos, protección especial a la niñez y adolescencia en contextos de movilidad, acciones afirmativas a favor de grupos altamente excluidos y, acceso a un medio ambiente sano y disfrute de una buena calidad del aire.

Nuestro reconocimiento y apoyo a todos quienes cumplen y hacen cumplir el principio del interés superior de la niñez y sus derechos.