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Analizan retos judiciales


Publicacion:16-03-2017

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Manuel González Oropeza aseguró que los juzgadores tienen que interpretar la norma ante las incongruencias de las disposiciones.

Para mejorar el estado de derecho, el Magistrado de la Sala Superior  Manuel González Oropeza aseguró que los juzgadores tienen que interpretar la norma ante las incongruencias de las disposiciones.

Así es que Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el primer reto que enfrentan los magistrados de los tribunales electorales es aplicar las complejas leyes emitidas por el Congreso.

Destacó que los tribunales siempre aplican e interpretan leyes en general, pero hay que estar “muy conscientes de la complejidad que determina una ley política”, donde una fracción parlamentaria establece una disposición y la plasma en un párrafo, otra fracción quiere tener otra disposición y lo establece en otro párrafo y en un tercer párrafo se integra la disposición de un tercer partido, lo que hace inentendible la norma.

En ese sentido, dijo que los Tribunales tienen que aplicar esas normas con gran dificultad “porque ¿cómo podemos encontrar la cuadratura al círculo de las leyes políticas?. Ese es un primer reto de los Tribunales Electorales”, indicó en el evento que se realizó en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

González Oropeza, preguntó sobre la posibilidad de adoptar un sistema parlamentario, cuyas ventajas se mencionan en el libro Jean-Claude Colliard: profesor, constitucionalista, juez electoral y hombre honesto. Textos seleccionados. Tomo III, editado por el TEPJF.

Refirió que hace 100 años en el Constituyente se propuso adoptar el sistema parlamentario; sin embargo, “Venustiano Carranza estaba en contra y todos los diputados allegados a él se opusieron. La única justificación entendible de Carranza contra el sistema parlamentario que explica Colliard, es que no había partidos políticos en México”.

Los partidos políticos son indispensables para un sistema democrático.

Por su parte, José Woldenberg Karakowsky, ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), calificó como una paradoja enorme que para el año 2018 no pueda aparecer un nuevo partido político en las boletas electorales, mientras candidatos independientes tienen la puerta abierta para hacerlo.

Además lo anterior, añadió, se debe a que en el fondo hay una ola de desprecio, de malestar y de distancia crítica en relación con los partidos políticos, al tiempo que se ha construido otra acción que pone a los ciudadanos como antagonistas de los mismos y como fuente de la virtud. “Ante esto se debe tener claro que dichos partidos no solamente son necesarios para un sistema democrático, sino que son indispensables”, dijo.

Al referirse a la figura de los candidatos independientes, señaló que quienes recurren a esta figura han hecho una retórica en el sentido de que son distintos a los partidos políticos.

“Partido es una parte de la sociedad que se organiza para ocupar un cargo de representación y en ese sentido no tenemos escape. No hay sistema democrático sin un sistema de partidos fuerte y representativo, y en ese sentido las leyes del país deberían estar anuentes a que si mexicanos que no se identifican con uno de los partidos existentes, quieren construir su partido puedan hacerlo cuando decidan”, dijo.

Jacqueline Peschard Mariscal, ex Comisionada presidente del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), al hablar sobre partidos políticos y transparencia, subrayó que para tener una clara intervención en los asuntos públicos se requiere de información, porque si no tenemos información sobre el quehacer de las agencias públicas difícilmente vamos a tener algún tipo de intervención que valga la pena.

Dijo que a pesar de que la transparencia fue ganando terreno como un reclamo de la sociedad y tenemos buenas leyes y normas, su práctica sigue dejando mucho que desear ante las enormes resistencias de parte de los entes públicos.

“Una cosa que nos falta es que esto no solamente esté como una normatividad, sino que sea parte de una práctica constante y consistente”, la cual solamente se puede dar si hay una vigilancia estrecha de la sociedad, subrayó Peschard Mariscal.

Dong Nguyen Huu, especialista en temas electorales, se refirió a la relevancia de implementar el pluralismo en un gobierno, que incluya la libertad de elección de los ciudadanos; la pluralidad de los proyectos de gobierno y la protección de las minorías.

Destacó que se habla de la calidad de la democracia ciudadana, pero en realidad la democracia es un ideal, no es algo concreto y no se puede utilizar. “Se puede construir la democracia, pero su construcción tiene que ser a través del orden jurídico”, agregó.

DEBE MEJORARSE LA DEMOCRACIA

En otro orden de ideas, la Magistrada Alanis Figueroa señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, es un instrumento que puede orientar las propuestas legislativas que realicen, así como la actuación de las autoridades estatales en este tema.

Alanis Figueroa dijo que el más alto Tribunal Electoral del país debe mandar el mensaje de que con violencia no pueden arrebatarse puestos electos democráticamente.

La juzgadora sostuvo que las sentencias han significado mucho, porque han implicado acciones nunca antes tomadas, como las órdenes de protección, que involucran el acompañamiento de autoridades federales y estatales, dado que no se puede pretender que una sentencia resuelva un problema estructural dentro de la comunidad.

Llama Alanis Figueroa a las autoridades estatales y federales a crear las condiciones para que las sentencias de la máxima autoridad jurisdiccional electoral se cumplan.

Dijo que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, evento en el cual la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa participó al dictar la conferencia magistral: “Mujeres indígenas y violencia política de género”.

La magistrada Alanis Figueroa precisó que es urgente que en la ley conceptualicen y establezcan las facultades y obligaciones de autoridades y partidos políticos en los casos en que se involucre violencia política de género, puesto que actualmente sólo Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, cuentan con normas específicas. Dijo que, a nivel federal, hay once iniciativas presentadas por mujeres de todos los partidos, sin embargo, ninguna ha sido aprobada.

Al referirse a la implementación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, la juzgadora señaló que es un instrumento que puede orientar la propuesta legislativa que realicen, así como la actuación de las autoridades, puesto que responde a la necesidad de hacernos cargo de las obligaciones constitucionales y convencionales respecto a la prevención y adecuada atención de la violencia contra las mujeres, así como al deber de hacer realidad los derechos humanos político-electorales de las mujeres, para que puedan ser ejercidos en condiciones de igualdad y no discriminación.

Para ejemplificar este tema, la magistrada Alanis Figueroa se refirió a dos casos que recientemente se resolvieron en la Sala Superior, el de Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, y el de María Gloria Sánchez, presidenta municipal de Oxchuc, donde destacó que en ambos se trata de mujeres indígenas, electas democráticamente como presidentas municipales bajo un sistema mixto de partidos y sistemas normativos, que fueron arrancadas de sus puestos como presidentas municipales por medio de actos de violencia política.

Sin embargo, sostuvo que la diferencia se encontraba en que, en el caso de Rosa Pérez, claramente se trató de violencia política de género, a diferencia del de María Gloría Sánchez, cuyo caso derivó de un contexto de violencia en el municipio, pero no con elementos de género.

En ambos casos, la Sala Superior ordenó la reinstalación de las alcaldesas democráticamente electas en Chenalhó y Oxchuc, y señaló que las autoridades federales y locales deben generar las condiciones necesarias para que las alcaldesas regresen a sus cargos y se acate la sentencia de la Sala Superior.

Asimismo, precisó que estos asuntos no se dieron de forma aislada, puesto que en la propia Sala Superior se habían resuelto otros casos relacionados con discriminación hacia las mujeres en el Estado y con temas de incumplimiento de la paridad por parte de los partidos y de las autoridades electorales locales, motivo por el cual, en el proceso electoral de 2014-2015, se invalidaron los registros de las candidaturas a diez días de la jornada electoral.

Alanis Figueroa, concluyó señalando que el más alto Tribunal Electoral del país no puede mandar el mensaje de que con violencia pueden arrebatarse puestos electos democráticamente. Dijo que estas sentencias han significado muchísimo porque han implicado acciones nunca antes tomadas por el Tribunal Electoral, como las órdenes de protección, porque han significado el involucramiento de autoridades federales y estatales dado que no se puede pretender que una sentencia resuelva un problema estructural dentro de la comunidad.

 



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