Brindan apoyo legal a migrantes en NL

A fin de ofrecer servicios legales a los migrantes, pero a la vez ejercer la profesión desde la carrera, educandos de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL mantienen el asesoramiento legal gratuito a este tipo de personas.

Es así y como como respuesta a los recientes desplazamientos migratorios hacia el país, la FACDYC inauguró una clínica migratoria que brinda asistencia a los migrantes que se encuentran en el Estado.

Desde octubre del 2017, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de sus estudiantes y docentes, ofrece de manera gratuita atención, acompañamiento y asistencia legal a los migrantes.

Además de que por medio de la Clínica Jurídica Migratoria se busca salvaguardar los derechos de los migrantes y atender a las víctimas cuyos derechos han sido vulnerados.

Y con ello se puede decir que tienen migrantes asesoría gratuita en UANL

Esta clínica se inauguró en colaboración con el Instituto Nacional de Migración con el fin de hacer sinergia entre autoridades y academia en beneficio del migrante que se encuentra en el estado de Nuevo León.

Entre los servicios que ofrece la Clínica Jurídica Migratoria se encuentran:

Acompañamiento y representación jurídica para:

-Legalizar la estancia en el país tanto del interesado como de sus familiares.

-Obtención de reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria para el migrante.

-Defensa de los derechos humanos del migrante.

Implementan uso de plataformas digitales en pro del migrante

Desde agosto de 2019, esta Facultad habilitó un portal de servicios migratorios con el que el migrante tiene la facilidad de enviar su información y documentos vía digital sin la necesidad de desplazarse.

Este portal, mediante el uso de las nuevas tecnologías, está diseñado para que un asesor brinde apoyo en temas de protección, inclusión y permanencia a los migrantes que llegan a la entidad.

El sitio está disponible en la página web de la Facultad, en la pestaña de Vinculación: http://www.facdyc.uanl.mx/

De acuerdo con el Director de la FACDYC, Óscar Lugo Serrato, la información brindada en este sitio por los migrantes se resguarda legalmente para su tranquilidad.

“Se garantiza en todo momento la confidencialidad de los datos del usuario en términos de ley”, manifestó.

“Los Universitarios en apoyo de la comunidad migrante, los estudiantes de la FACDYC, además de colaborar en la Clínica Jurídica Migratoria, participan periódicamente en brigadas asistenciales organizadas por asociaciones civiles”.

“Mediante estas acciones los alumnos apoyan a las personas migrantes que transitan por la entidad en temas como alimentación, ropa y calzado o alojamiento temporal”.

Así mismo en asuntos como la asistencia médica, orientación jurídica y promoción de los derechos humanos.

UANL asesora a migrantes

Además los migrantes cuentan con apoyo psicológico y refugio físico para mujeres y sus hijos e hijas menores de edad que hayan vivido situaciones de violencia familiar o sexual.

Entre algunos puntos que deben de cuidarse en el aspecto legal son los siguientes:

Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.

Derecho a la Nacionalidad.

Es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas, dicho vínculo otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o fuera de él.

Derecho a la libertad de tránsito.

Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público.

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

En México todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e Internacionales.

Derecho a la asistencia consular.

Cualquier autoridad del Estado Mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen y de facilitar tal comunicación, así como permitirle recibir la visita del personal consular, tal derecho debe garantizarse.

Derecho a no a la no discriminación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, en tal virtud, ese derecho incluye a todas las personas migrantes que se encuentren en México, sin importar su condición migratoria. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración.

Derecho a solicitar asilo.

En México toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo.

Derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, o que haya huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, tiene derecho a solicitar la protección internacional de México.

Derecho a la protección de la unidad familiar.

Toda persona, en situación de migración, tienen derecho a que se preserve y garantice su unidad y/o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Derecho a la dignidad humana.

La condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades y particulares) tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a éste grupo de población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad.

Derecho a no ser criminalizado.

El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una infracción administrativa, no un ilícito penal. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse sin una condición migratoria. (Artículo 2, segundo párrafo de la Ley de Migración).

Derecho a un alojamiento digno.

Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir estas exigencias y las autoridades deben dispensar un trato adecuado y respetuoso de sus derechos humanos.

Derecho a no ser incomunicado.

A las personas migrantes no debe, por ninguna circunstancia, serles negada recibir y realizar llamadas telefónicas, la visita de sus familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades consulares de su país.

Derecho a un intérprete o traductor.

Las autoridades migratorias tienen la obligación de proporcionar un intérprete o traductor, en caso que las personas migrantes no hablen o entiendan el idioma español.

Derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de Albergues.

Las autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por ley de realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados o en las inmediaciones en albergues con este fin patrocinados por Asociaciones Civiles o personas que presten asistencia humanitaria a los mismos. El Instituto (Nacional de Migración) no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes. (Artículo 76 de la Ley de Migración)

Interés Superior de la Niñez: Principio constitucional que obliga a todas las autoridades, a que en sus actuaciones y decisiones en las que se vea involucrada una niña, niño o adolescente, garantice de manera plena el respeto de sus derechos humanos.