Gobierno de Morelos busca juicio político contra Graco Ramírez

CUERNAVACA, Mor.- El gobierno de Cuauhtémoc Blanco presentó ante el Congreso de Morelos demanda de juicio político contra el exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (2012-2018), por retener la ministración de recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).
La causal, dijo Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del gobierno estatal, es viable porque los recursos para el Impepac y la FGE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos pero no fueron suministrados y con eso el exgobernador perredista impidió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.
Sotelo Salgado acudió al Congreso de Morelos y explicó que la demanda de juicio político también considera a los exsecretarios de Hacienda y de la Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, porque ambos colaboraron en la acción ilegal cometida por el exgobernador, que significó detener la entrega de aproximadamente 120 millones de pesos al Imipe y la FGE.
"Se busca la inhabilitación si es que resulta procedente (el juicio político) y además puede dar lugar a otras sanciones de responsabilidad administrativa y hasta penal, pero son aspectos que tendrán que verse en otras instancias, aquí es el del carácter político. La ley establece que se cuenta con un año, incluso después de haberse separado del cargo, el funcionario para que se pueda proceder. Estamos en el plazo", sostuvo Sotelo Salgado.
El Consejero Jurídico afirmó que entre las pruebas presentadas para soportar la demanda de juicio político se encuentran documentales certificados, proporcionadas por las áreas correspondientes del gobierno de Morelos.
De acuerdo con el protocolo legislativo, la demanda será turnada a la Junta Política y de Gobierno para su análisis, y en caso de que se obtenga el voto ponderado de 14 de los 20 diputados la solicitud del gobierno morelense sería considerado como procedente.
El último juicio político de un exservidor público de relevancia en el Congreso de Morelos fue precisamente contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando era presidente municipal de Cuernavaca (2015-2018), bajo las causales de falsificar documentos para obtener su residencia en Morelos, abandonar el cargo, no reunir requisitos para ser electo y de presuntos desvío de recursos.
El juicio político fue operado por Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo adoptivo del entonces gobernador Graco Ramírez, enemigo político de Blanco Bravo, y en diciembre de 2016 el pleno legislativo aprobó con 27 votos a favor y una abstención, el dictamen por el cual la Comisión de Gobernación y Gran Jurado determinó que encontró los elementos suficientes para incoar juicio político contra el edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Posteriormente los abogados de Blanco Bravo recurrieron a la controversia constitucional y obtuvieron el fallo favorable.
La última inhabilitación que determinó el Congreso de Morelos contra un exgobernador fue en junio de 2000, en contra del general Jorge Carrillo Olea, quien solicitó licencia al cargo en junio de 1998. Carrillo Olea fue inhabilitado por 12 años para ocupar cargos públicos.