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Urgen mejoras en derecho nacional


Publicacion:01-03-2019

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En materia de derecho las afirmaciones de que Pegasus nunca fue utilizado son falsas.

Expertos en derecho demandaron el que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) investigue, luego de afirmar al INAI que desinstaló Pegasus de sus equipos; podría constituir delitos por destruir evidencia y entorpecer la investigación penal.

Por lo que en materia  de derecho las afirmaciones de que Pegasus nunca fue utilizado son falsas; evidencias en el expediente y declaraciones públicas de altos funcionarios y NSO Group lo refutan.

Dicho ello el jurista Esteban Ovidio dijo que. “Celebramos los hallazgos y las expresiones del INAI que reconocen violaciones al derecho de protección de datos personales en la operación del malware Pegasus”.

“Nueva FGR debe renovar impulso a la investigación y otorgar garantías de independencia y autonomía para combatir la impunidad en el caso”.

Reveló que el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha resuelto que la Procuraduría General de la República –ahora Fiscalía General de la República (FGR)– violó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados por utilizar de manera irregular del malware Pegasus. No obstante, dentro del proceso de verificación seguido, el INAI dio cuenta de diversas afirmaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que comprometen gravemente la investigación penal abierta en la FGR por el uso de Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.

En particular, la AIC ha afirmado que el malware Pegasus habría sido desinstalado de los equipos desde los cuales operó el sistema de vigilancia, lo que pudo haber constituido un acto deliberado de destrucción de evidencia, encaminado a entorpecer la investigación en torno al abuso del sistema que se sigue ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2017.

 “De comprobarse la desinstalación y la destrucción de información clave relacionada con el uso de dicho malware, se habría violado la orden de resguardo que la FEADLE emitió respecto de toda información relacionada con Pegasus y se habrían cometido diversos delitos relacionados con la destrucción de evidencia y el entorpecimiento de la investigación penal”.

 Asimismo, el INAI dio cuenta de las afirmaciones de la AIC de no haber utilizado nunca Pegasus –a pesar de haber adquirido el sistema en 2014 por una suma superior a 32 millones de dólares– hasta su supuesta desinstalación. Esta afirmación es abiertamente falsa y podría constituir responsabilidades penales  y administrativas.

 

Existe evidencia fehaciente en el expediente de la investigación penal que demuestra que, al menos hasta el 6 de julio de 2018, Pegasus estaba siendo utilizado efectivamente por parte de la AIC. La negativa de uso de la agencia también contradice las declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal anterior, como el expresidente Enrique Peña Nieto y la exprocuradora Arely Gómez, quienes aceptaron que Pegasus era empleado “de manera legal”; así como declaraciones públicas de NSO Group, empresa fabricante del malware.

 De esta manera, a la necesidad de una investigación sobre la adquisición irregular de Pegasus por parte de la PGR, así como a la utilización de dicho malware en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, se añade la necesidad de investigar los posibles actos encaminados a entorpecer la investigación penal y encubrir a los perpetradores de estas graves violaciones a la privacidad que permanecen en la impunidad.

 “Celebramos los hallazgos y lo expresado por el INAI al resolver el proceso de verificación, al tiempo que hacemos un llamado a la nueva Fiscalía General de la República para que, otorgando garantías de independencia y autonomía, reitere el llamado al resguardo de información clave relacionada con la operación de Pegasus y brinde un nuevo impulso a la investigación. Es su deber que se avance de manera sustantiva, con profesionalismo y celeridad, para impedir la impunidad por la contratación irregular del malware, el espionaje ilegal en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y, ahora, los intentos de encubrimiento mediante la posible destrucción de evidencia y la falsedad de declaraciones”.

 Es importante recordar que, a la fecha, se han documentado 24 casos de intentos de espionaje con el malware Pegasus, comercializado por la empresa NSO Group, en contra de activistas, periodistas, opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos. Estos ataques, corroborados con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se dieron en condiciones de opacidad que sugieren actos graves de corrupción. Aunque los hechos fueron denunciados desde el 19 de junio de 2017 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a más de 20 meses, el caso se mantiene en la impunidad para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado.

 Por ejemplo, el delito de destrucción de información contenida en sistemas y equipos de informática del Estado (Artículo 213 Bis 3 del Código Penal Federal); el delito de ejercicio ilícito del servicio público (Artículo 214, fracciones IV y VI del Código Penal Federal); y delitos contra la administración de justicia (Artículo 225, fracción XXXI) del Código Penal Federal).

Por ejemplo, el delito de ejercicio ilícito del servicio público (Artículo 214, fracción V).

DEMANDAN MEJORES EN LEYES INMOBILIARIAS

En otro orden de ideas develan modus operandi de corrupción en el sector inmobiliario donde juristas demandan mejorar  el diagnóstico sobre corrupción en el sector inmobiliario, resultado de un estudio cualitativo basado en: entrevistas, talleres y encuestas a una muestra de desarrolladores inmobiliarios.

Y es que se dan actos de corrupción en el mundo; mientras que Transparencia Internacional lo ubica en el tercer lugar. De acuerdo a cifras del INEGI al 2017, 4% del PIB de la CDMX proviene de la construcción.

 “Entre los hallazgos de la investigación destaca que a pesar de que el 94% de los desarrolladores entrevistados reconoció haber sido víctima de corrupción, sólo 36% afirmó haber denunciado. Los desarrolladores identificaron a las delegaciones (hoy alcaldías) como las autoridades que más se vinculan con actos de corrupción en el sector inmobiliario. La delegación (hoy alcaldía) con una mayor percepción de corrupción es Gustavo A. Madero y el trámite más propenso a corrupción es el registro de la manifestación de construcción. Los gastos de corrupción por este trámite oscilan entre los $2 y $15 mdp, cualquier resistencia al respecto le puede resultar en un retrado de entre 6 meses y 2 años”.

Dentro del estudio, se identificaron varios factores en la regulación que aumentan el riesgo de corrupción en el desarrollo inmobiliario: multiplicidad de trámites -lo que incita la contratación de gestores-, excesiva interacción presencial entre particulares y autoridades, aplicación de criterios discrecionales en la resolución de trámites, participación de múltiples autoridades poco coordinadas en el proceso y falta de conocimientos técnicos en autoridades.

Finalmente, se propusieron acciones para combatir este problema, como la digitalización de trámites, un ejercicio más transparente de los pagos por aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal (art. 300-302) y la intervención de profesionales en la revisión de proyectos, como el caso de la oficina VISA, establecida en el Colegio de Arquitectos. De igual manera, se propusieron acciones colectivas de los desarrolladores como la denuncia.

En este tema María Amparo Casar, destacó: “En el sector inmobiliario se ha normalizado la corrupción a tal nivel que quienes la padecen la toleran y hasta justifican, eso se debe combatir y el primer paso es diagnosticarlo. Seguiremos dando los pasos necesarios para terminar con este problema.”

DESTACAN EMPRESAS CON APEGO A DERECHO 

Es de subrayara que en temas legales se han dado avances en la impunidad y Transparencia Mexicana revisaron los componentes mínimos necesarios de una política de integridad, en las 500 empresas más grandes en México.

Donde los resultados para 2018 indican que 35% más de las empresas cuentan con políticas anticorrupción, es decir, 80 empresas más que en 2017, para llegar a un total de 299. Asimismo, la calificación promedio de las empresas aumentó en 10 puntos, lo que significó pasar de un promedio de 37 sobre 100 en 2017, a 47 en 2018. Entre 2017 y 2018, aumentó el número de empresas con una calificación superior a 60 puntos, el cual pasó de 38% a 58% empresas de las 500 revisadas.

 Aunque los resultados demuestran la participación del sector privado en el control de la corrupción, existen áreas de oportunidad para mejorar las políticas de integridad del sector privado. Estas áreas se relacionan con las políticas de hospitalidad y viáticos, de donaciones y contribuciones sociales, así como la definición de sanciones por violaciones a los códigos de ética y políticas anticorrupción, criterios cuyo cumplimiento en 2018 se encuentra por debajo del 20% de empresas que los consideran.

 “La exigencia social para el control de la corrupción demanda acciones concretas desde los distintos sectores de la sociedad, incluido el sector privado. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana mantendremos los esfuerzos para que mediante ejercicios de revisión como IC500, las empresas que operan en el país busquen mejorar sus estándares de integridad corporativa”.

 

     

 

 



« El Porvenir / Alberto Medina »
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