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Buscan mejoras en la mediación


Publicacion:05-02-2019

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El Poder Judicial de Nuevo León firmó un convenio de colaboración con municipios conurbados del Estado en materia de mediación

 

Por un mejor Estado de Derecho y mucho más sólido, el Poder Judicial entabla convenio con municipios en materia de mediación; Establecen Red de Mediación Municipal.

Así es que se desea el impulsar y crear el fortalecimiento de Centros de Mediación en el Estado.

El Poder Judicial de Nuevo León firmó un convenio de colaboración con municipios conurbados del Estado en materia de mediación, estableciendo así la Red de Mediación Municipal.

El convenio de colaboración tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de coordinación entre las partes involucradas, a fin de impulsar la creación y/o fortalecimiento de centros de mediación públicos municipales acreditados por el Poder Judicial, que permitan implementar y difundir los mecanismos alternativos en el Estado de Nuevo León, como coadyuvantes en la prevención y atención del delito y fomento de la cultura de paz.

El documento fue firmado por el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León; y los alcaldes José Quintanilla Villarreal, Alcalde de Cadereyta; Clara Luz Flores Carrales, Alcaldesa de General Escobedo; Cristina Díaz Salazar, Alcaldesa de Guadalupe; Heriberto Treviño Cantú, Alcalde de Juárez; Zeferino Salgado Almaguer, Alcalde de San Nicolás; Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, Alcalde de San Pedro; y Héctor Israel Castillo Olivares, Alcalde de Santa Catarina.

Además, se suman al convenio los municipios de Apodaca y García.

Como testigos de honor firmaron los Consejeros de la Judicatura: Hugo Alejandro Campos Cantú, Juan Pablo Raigosa Treviño, Pedro Cisneros Santillán y José Antonio Gutiérrez Flores.

“Resulta fundamental construir conjuntamente con los municipios, vínculos que fortalezcan la salvaguarda de los derechos fundamentales en la comunidad, ya que son ustedes el primer contacto de la población en general en el que se busca el apoyo como autoridades para resolver las controversias”, expresó el magistrado presidente al señalar que a través del convenio se trata de lograr mayor eficiencia y eficacia en el acceso a la justicia en nuestro país.

El convenio contempla acciones como el impulsar mecanismos y acciones que permitan crear e implementar centros de mediación municipal que establezcan un programa permanente de mecanismos alternativos para la solución de controversias en la comunidad.

Implementar un programa de capacitación y profesionalización de servidores públicos adscritos a los municipios a fin de que estos cuenten con un equipo de facilitadores calificados y certificados por el Poder Judicial.

Coordinar las acciones necesarias para la acreditación de Centros de Mediación Públicos Municipales.

Llevar a cabo reuniones técnicas de manera periódica entre personal de las partes, a efecto de dar seguimiento puntual a los trabajos de implementación de los mecanismos alternativos, así como de considerar mejores prácticas sobre el tema particular.

Identificar, derivar y canalizar casos susceptibles de mecanismos alternativos, con el objeto de implementar la mediación y/o conciliación dentro de las circunscripciones territoriales correspondientes; y brindar dentro de la circunscripción territorial de los municipios, los servicios de atención y difusión de los mecanismos alternativos de manera oportuna e inmediata.

Para el cumplimiento del convenio, el Poder Judicial, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, se compromete a:

Asesorar a los municipios, en caso de ser solicitado, en el diseño, instalación y puesta en operación de los Centros de Mediación Públicos Municipales con el objeto de que sean acreditados por el Poder Judicial.

Brindar y otorgar a los municipios la capacitación para obtener la certificación y/o refrendo de los servidores públicos propuestos para ser facilitadores, siempre y cuando dicho personal reúna los requisitos aplicables, de conformidad con la normatividad de la materia;

Otorgar a los municipios la acreditación de los Centros de Mediación Públicos Municipales, previo al cumplimiento de la normatividad aplicable a la materia;

Realizar visitas a los Centros de Mediación Públicos Municipales acreditados, con el objeto de verificar el correcto desarrollo e implementación de los servicios de mecanismos alternativos; y,

Designar un enlace permanente a fin de llevar a cabo las acciones pactadas en el presente instrumento.

Por su parte, los municipios se comprometen a:

Designar los recursos estructurales, materiales y humanos para la creación y funcionamiento de los Centros de Mediación Públicos Municipales;

Brindar los implementos y herramientas necesarias para ejecutar los planes de capacitación y profesionalización de los servidores públicos adscritos a los municipios,

Promover, en los ámbitos de su competencia, la difusión y divulgación de la cultura de la mediación para fomentar la paz social;

Impulsar la operación y funcionamiento de los Centros de Mediación Públicos Municipales acreditados por el Poder Judicial y,

Designar un enlace permanente a fin de llevar a cabo las acciones pactadas en el presente instrumento.

 

La red de mediación municipal se extenderá próximamente a otros municipios del Estado.

Actualmente, el Poder Judicial a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias ha impulsado y certificado a 11 centros de mediación privados, 5 centros universitarios y 4 centros de mediación públicos municipales que han brindado de manera gratuita atención en la resolución de conflictos comunitarios, familiares y mercantiles.

La mediación es hoy en día  una confiabilidad completa, pues los temas tratados durante las sesiones no pueden ser replicados o usados en eventuales juicios posteriores. El mediador además se compromete a no comentar los dichos o situaciones ocurridas al interior de la sala de mediación sin autorización de las partes.

Es rápida  porque si bien los procesos de mediación no tienen un plazo para llegar a acuerdos y duran lo que las partes estimen necesario para el tratamiento del conflicto, el mediador cuenta con un plazo legal de 60 días corridos para finalizar la mediación asignada. En caso de requerir más tiempo, puede solicitar una prórroga hasta por otros 60 días más.

Es de igualdad ya que los mediadores deben velar porque no exista un trato diferente entre las partes, para que no se imponga la opinión de uno sobre el otro.

Y se concreta en acuerdo  voluntario, ya que es  por la mediación no significa que se elimina la posibilidad de resolver el conflicto en un juicio. El proceso de mediación sólo busca evitar que se llegue a esa instancia, por lo que no es obligatorio llegar a un acuerdo. Es decir, sólo si las partes así lo deciden, el proceso de mediación llega a un convenio.

Además de que es gratuita, pues el  servicio de mediación es gratuito, excepto en el caso de mediación voluntaria o mediación facultativa.

Dicho lo anterior la mediación es la alternativa para la Resolución de Conflictos que tiende puentes entre quienes están distantes.

Permite el acercamiento entre las personas al mismo tiempo que las separa del problema. Brinda la posibilidad de sobrellevar las circunstancias con soluciones que benefician a todos.

 La Mediación involucra a las personas, las compromete desde lo personal donde descubren recursos como la autonomía y la autodeterminación empática así como la más sana interacción y convivencia con su entorno, ya sea laboral, familiar, social o de simples relaciones cotidianas.

Como instrumento social, la Mediación tiene un efecto educativo en lo relacional, su resultado transformativo determina que toda persona salga diferente luego del proceso, más allá del acuerdo al que puedan arribar.

ASUMEN CARGOS NUEVOS JUECES

En otro orden de ideas el Poder Judicial tomó protesta a nuevos jueces; cuales se crean tres nuevos juzgados en materia oral mercantil.

Por ello los Nuevos jueces, tres nuevos juzgados orales mercantiles donde el  Consejo de la Judicatura de Nuevo León acordó el nombramiento de nuevos jueces de primera instancia y menor cuantía, así como la creación de nuevos juzgados en materia oral mercantil.

Así es que atendiendo a la reforma mercantil se adicionaron diversas disposiciones del Código de Comercio, particularmente, en materia de juicios orales mercantiles. En este contexto, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó la creación de los Juzgados Sexto, Séptimo y Octavo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial.

Los juzgados antes referidos ejercerán su jurisdicción territorial dentro del Primer Distrito Judicial y tendrán las atribuciones a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el artículo 36, bis 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y demás leyes relativas.

Los juzgados de nueva creación se incorporarán a la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial.

Dicha gestión se encargará de auxiliar a los jueces en la práctica de diligencias, elaboración y autorización de actuaciones judiciales y demás actividades administrativas y jurisdiccionales a que haya lugar.

Entre los nombramientos del  Pleno del Consejo determinó los siguientes nombramientos, como resultado de exámenes de oposición y análisis del desempeño profesional están:

Licenciada Ilia Broca Pinedo,

Jueza Noveno Menor de Monterrey, Nuevo León.

Licenciado Alan Pavel Obando Salas,

Juez Sexto de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado.

Licenciado César Augusto Díaz González,

Juez Octavo de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado

Licenciado José Antonio Almaguer Garza,

Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

Los nuevos juzgadores tomaron la protesta de ley ante el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como de los Consejeros de la Judicatura: Hugo Alejandro Campos Cantú, Juan Pablo Raigosa Treviño, Pedro Cisneros Santillán y José Antonio Gutiérrez Flores.

Los nuevos juzgados y los nombramientos de los nuevos jueces surten efectos a partir del 01 de febrero de 2019.



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