Día de las madres, 10 de mayo. Pasan de las 7 de la mañana. Cinco personas son asesinadas a tiros. Tres más quedan heridas. Las víctimas salieron, como todos los días, a trabajar en el Centro de Prevención Social (Cefereso) #16; el único penal federal femenil en México.

El mensaje que dejaron las balas no solo iba dirigido al sistema penitenciario; olvidado por las autoridades. Llevaba como dirección a las mujeres. El monumento a la Madre fue testigo del horror. Frente a la estatua, en Puente de Ixtla, Morelos, ocho personas que esperaban el transporte que los llevaría a su trabajo recibieron una lluvia de pólvora. Aquella mañana, desde un auto color rojo, tres sujetos dispararon directamente, sin cesar. A quemarropa. Iban a matar. Arrancaron cinco vidas.

No son solo cifras. No son números ni parte de la estadística. Los muertos tienen nombre y apellido. Isaías Edgar Sánchez Álvarez, criminólogo, dejó a su esposa y dos hijos; Janet Aline Pérez Quiroz, psicóloga, le sobreviven su esposo y dos chiquitos; Cecilia Alejandra Fernández Rivera, enfermera del área médica, le sobreviven sus padres y hermanos; Jorge Alberto Soto Pimentel, del área jurídica, dejó a su esposa y dos hijos; Juan Carlos Ramírez Luna, personal administrativo, a quien le sobreviven sus papás y hermanos.

El atentado no fue casualidad. Las amenazas al personal del centro ya habían sido reportadas al Comisionado en el Órgano Desconcentrado de Reinserción Social, Francisco Garduño.

Al día siguiente del atentado, afuera del centro se colgó una manta dirigida a las autoridades del Cefereso: "Sigan hostigando a uno de mis muchachos y serán uno por uno ejecutados". La manta, escrita con pintura negra y roja, viene con nombres y apellidos de las personas amenazadas. Todos, empleados del centro federal.

Pareciera que en México no hemos entendido que el autogobierno en los penales está provocando una crisis de inseguridad también en las calles.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, lo reconoce. "(…) estos altos índices de corrupción en los penales del país se traducen en que hoy, 50% del crimen organizado se administra dentro de los penales", dijo en marzo. Bien. Pero, ¿qué se está haciendo para transformar esa realidad?

El autogobierno en el máximo penal de seguridad en nuestro país, el Altiplano, permitió la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Desde entonces, cambió el gobierno, pero no se ha modificado la situación. Las cárceles no están bajo control de las máximas autoridades. ¿Qué podemos esperar en materia de seguridad si no se puede mantener el orden en las cárceles?

Es urgente reforzar la disciplina al interior de los centros. Claro, con respeto a los derechos humanos, pero donde la autoridad lo sea. Se requiere que desde el Órgano Desconcentrado se proteja a los oficiales a cargo de la seguridad y al personal administrativo.

Reforzar los procedimientos y protocolos de ingresos, y poner a trabajar la tecnología. Desde la fuga de "El Chapo" se dijo que había fallas. No funcionaban los detectores de movimiento o inhibidores de llamadas, por ejemplo. La situación sigue siendo la misma. La tecnología está descuidada. El problema es heredado y viene de sexenios atrás, sí, pero la actual administración no puede lavarse las manos. En materia de seguridad, el control de las cárceles, debe ser prioridad.
En el Centro de Prevención Social femenil #16, el personal administrativo y de seguridad hace lo que puede con lo poco que tiene.
La directora del penal, la comandante jefa de seguridad así como las casi 400 son mujeres que ahí trabajan, son mujeres con trayectoria en el sistema. Mujeres a quienes conozco, sé de su dedicación, pero también de los muchos obstáculos a los que se enfrentan en el día a día. No pocas veces las piedras en el camino son colocadas por las propias autoridades que tendrían que respaldarlas.
Entrado el gobierno del presidente López Obrador, a la mayoría del personal se le redujo el sueldo una cuarta parte. Habría que ponernos un momento en sus zapatos. Hablamos de quienes viven en el centro y solo van a su casa, si bien les va, cada quince días. Entregan sus vidas por salvaguardar la integridad de los ciudadanos. No podemos dejarlas solas.